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| La ecología global desde la perspectiva del cambio climático |
En este artículo se analizan los principales elementos del cambio climático global, la evidencia científica, las incertidumbres, los posibles impactos, y las soluciones planteadas con sus dilemas éticos y políticos asociados.
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Omar Raúl Masera Cerutti
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Nuestro planeta es un perfecto ejemplo de coevolución entre seres vivos y medio abiótico. La Tierra sería radicalmente distinta –y la vida como la conocemos no existiría– sin la acción fotosintética de las plantas que, durante millones de años, posibilita mantener la composición de la atmósfera terrestre en un permanente desequilibrio químico: de una rica en dióxido de carbono a otra rica en oxígeno.
Hoy, por la magnitud de la influencia e impactos de la actividad humana sobre el planeta, esta coevolución asume otras dimensiones. Incluso, Vitousek y otros ecólogos hablan de una dominación humana del globo terráqueo. En esta perspectiva, la conservación de la naturaleza no puede pensarse como el mantenimiento de grandes extensiones del planeta en un estado prístino. Al contrario, ahora toda la naturaleza está de algún modo manejada, sea por estar sujeta al aprovechamiento directo del ser humano para obtener diversos recursos económicos o servicios ecológicos, o bien por los impactos indirectos de la actividad antrópica. De allí la necesidad de garantizar un manejo sustentable.
En términos globales, los seres humanos hemos transformado o degradado entre treinta y nueve y cincuenta por ciento de la superficie del planeta, la velocidad de extinción de especies aumentó entre cien y mil veces respecto a los valores previos a nuestra presencia en la Tierra, utilizamos sesenta por ciento del escurrimiento superficial de agua dulce accesible y hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono (CO2) en treinta por ciento respecto a los niveles preindustriales (cuadro 1).
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Se estima que varios de los principales problemas ambientales globales, como aquéllos que tienen efecto en el clima, se producen a una velocidad y magnitud tal, que puede llevarnos a desestabilizar completamente la biósfera en pocas décadas, con impactos muy serios para los seres humanos.
Como correlato –a veces consecuencia, muchas otras causa–, existe un entramado social cada vez más complicado, donde las desigualdades tanto al interior de los países como entre éstos se hacen más notorias. Un ciudadano medio de los Estados Unidos consume en promedio entre cuarenta y doscientas veces más recursos que su equivalente en la India; los miembros de los estratos acomodados de México consumen varias decenas de veces más que los estratos más pobres; África, en su conjunto, ahora tiene niveles de pobreza e indicadores de desarrollo económico y social más bajos que hace treinta años.
Los impactos ambientales han conectado y globalizado a los habitantes del planeta en forma inédita. Hoy, los campesinos pobres de los deltas de Bangladesh están en peligro de ver sus tierras arrasadas por el mar debido al impacto en el clima de los miles de millones de toneladas de CO2 que son enviadas a la atmósfera cada año por el insaciable apetito de los automóviles –arquetipos del sueño americano– en los Estados Unidos. Esta novedosa situación trae consigo dilemas de tipo político, económico, social y, por supuesto, tecnológico y ambiental. La ecología global se enfrenta a ellos desde distintas perspectivas de estudio, que incluyen las investigaciones disciplinarias más convencionales –como los detallados estudios de los ciclos biogeoquímicos globales de nutrimentos–, e investigaciones interdisciplinarias que tratan de entender la problemática de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza en todo el planeta. El cambio climático global El cambio climático global es considerado por las Naciones Unidas, el problema ambiental más grave que enfrentará el planeta en el siglo xxi. Este fenómeno se define como el posible incremento en la temperatura superficial de la Tierra por el rápido aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las variaciones en la temperatura del planeta tendrían repercusiones directas en otros parámetros que caracterizan al clima, como precipitación, evapotranspiración, humedad edáfica, entre otros.
La radiación solar entra en nuestra atmósfera mayoritariamente en forma de radiación visible, treinta por ciento es reflejada al espacio exterior y el restante setenta es absorbido y reemitido por la superficie terrestre en forma de radiación infrarroja. Buena parte de la última, en lugar de retornar al espacio, es absorbida y reemitida por una serie de gases traza de la atmósfera conocidos como gases de efecto invernadero (gei). Este proceso retiene momentáneamente el calor en la atmósfera con lo que calienta la superficie terrestre. Cuanto mayor es la concentración de gei, mayor es el calor y, por tanto, el calentamiento del planeta. De hecho, el efecto invernadero permite que la temperatura de equilibrio de la Tierra sea 13 °C, en lugar de -20 °C si no existiera.
Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los halofluorocarbonos (hfc). Contribuye también el ozono troposférico y otros gases en menor proporción. Exceptuando el vapor de agua, los demás han aumentado rápidamente sus concentraciones producto de la actividad humana. Entre ellos, el CO2 es responsable de aproximadamente sesenta por ciento del calentamiento total, sus principales fuentes incluyen la quema de combustibles fósiles y los procesos de desforestación (cuadro 2).
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El metano es emitido a la atmósfera básicamente por procesos de descomposición anaeróbica en los cultivos de inundación, por la fermentación entérica del ganado y por las fugas de gas natural durante su extracción y distribución. El óxido nitroso es liberado por la aplicación de fertilizantes químicos en la agricultura y durante los procesos de desforestación. Finalmente, los hfc se usan como propelentes en los aerosoles, como refrigerantes y como aislantes.
Desde finales de los años ochentas se lanzó un esfuerzo científico internacional sin precedentes en la temática de cambio climático, el cual ha permitido generar una sólida evidencia sobre algunos de sus aspectos. En particular se ha determinado que la actual temperatura promedio de la superficie terrestre es la mayor en por lo menos los últimos mil años, y ha aumentado 0.6 °C en el último siglo; el incremento de la temperatura del planeta está asociado al de la concentración de gases de efecto invernadero, cuyos niveles actuales son inéditos en por lo menos algunos miles o hasta millones de años. Por ejemplo, el CO2 está treinta y un por ciento por arriba del nivel preindustrial y el metano, ciento quince por ciento. Otros gases como los hfc ni siquiera existían entonces; el aumento de la temperatura en los últimos cincuenta años es de origen antropogénico. Si continúan las actuales tendencias, en los próximos cien años la concentración de CO2 aumentaría entre 75 % y 350 % respecto al nivel preindustrial; la temperatura superficial del planeta se incrementaría entre 1.4 y 5.8 °C, una tasa de aumento sin precedente en por lo menos los últimos 10 000 años; crecería el nivel del mar entre 0.1 y 0.9 metros; la precipitación tendría fuertes variaciones regionales y tenderá a aumentar globalmente; los glaciares continuarían disminuyendo de tamaño. La distribución del calentamiento no sería homogénea, los polos se calentarían mucho más que las regiones tropicales y los cambios serían más extremos en las áreas continentales que en el mar.
Los intervalos en que pueden ocurrir estos eventos, varían debido a la incertidumbre sobre las trayectorias futuras de las emisiones y sobre la sensibilidad climática –es decir, la respuesta de la temperatura ante cambios de concentración de los gases de efecto invernadero. Las consecuencias de esos cambios, particularmente en el límite superior de las predicciones, serían devastadoras. En efecto, aumentaría la incidencia de plagas y enfermedades como la malaria, cuya distribución depende de la temperatura; la pérdida de diversidad y cambios en la productividad de los ecosistemas, la reducción en las cosechas de cereales y el incremento en la escasez de agua. Serían particularmente severos para las poblaciones que viven en las zonas costeras, pues estarían sujetos a inundaciones y tormentas. En general, se predice que a mayor temperatura mayores serán los eventos extremos como ondas de calor o tormentas tropicales. Si alcanzamos una concentración de CO2 tres veces mayor que la actual podrían ocurrir cambios cualitativos con consecuencias catastróficas para el clima, como la supresión del cinturón transoceánico que controla el transporte de calor en los océanos. En este panorama, existirían grandes diferencias regionales. Por ejemplo, algunas zonas áridas o muy frías podrían beneficiarse con un clima más húmedo o benigno. Sin embargo, en la escala global, se espera un saldo negativo de estos cambios. Las recientes olas de calor en Europa, los Estados Unidos y Canadá, las cuales causaron grandes apagones de electricidad y numerosos muertos, y las desvastadotas consecuencias de los huracanes Katrina, Stan y Wilma, proporcionan una idea del tipo de problemas que enfrentaríamos con el cambio climático. Debe señalarse que en todos los escenarios, los grupos y países más afectados son los más pobres. De hecho, hay un desproporcionado efecto sobre los países pobres y los grupos de menores recursos.
El clima es un ejemplo clásico de un sistema complejo. Las predicciones son difíciles, existe una incertidumbre inherente en los resultados de largo plazo, por lo que las estimaciones siempre se presentan asociadas a un intervalo de confianza. Las principales fuentes de incertidumbre son los ciclos globales de los gases –por ejemplo, todavía hay importantes lagunas de información respecto a las emisiones de metano o las emisiones–absorción de CO2 de los ecosistemas naturales–, los efectos de retroalimentación, por ejemplo, se sabe que a mayor temperatura habrá más vapor de agua en la atmósfera y que esto provoca más nubes, si las últimas se forman en cierta altura resulta un enfriamiento –retroalimentación negativa– mientras que si son bajas hay calentamiento –retroalimentación positiva. Asimismo, la incertidumbre aumenta en la medida que la resolución de los modelos es mayor; es decir, en que baja de escenarios globales al ámbito regional y nacional. Específicamente, no sabemos con precisión la magnitud del cambio climático que se esperaría para el año 2030, 2050 o 2100, ni el carácter, distribución geográfica, tiempo y costos precisos de los daños que ocasionaría o la respuesta de los sistemas ecológicos; ignoramos la probabilidad de que se produzcan cambios mucho más agudos que los esperados debido a efectos no lineales del clima y la factibilidad, costos y posibilidades de distintos escenarios de mitigación. ¿Cómo contrarrestar el cambio climático? Un aspecto nodal del cambio climático es la llamada inercia del clima, la cual se debe a que varios de los efectos predichos tardarán décadas, centurias y hasta milenios para manifestarse en toda su magnitud. Específicamente, una reducción en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero requiere décadas o centurias para estabilizar las concentraciones atmosféricas, las cuales, a su vez, toman varios siglos para estabilizar la temperatura. Algunos cambios asociados, como el aumento del nivel del mar, continuarán por más de un milenio mientras que otros, como el derretimiento de grandes masas de glaciares en la Antártica, pueden ser eventos irreversibles. En otras palabras, nuestras acciones actuales conducen a futuros efectos de gran magnitud. También por la inercia climática, mientras más tiempo tardemos en reducir las emisiones, más estrictos deben ser los recortes para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero. El patrón temporal de las reducciones, y no sólo su valor absoluto, son claves para determinar los niveles de equilibrio esperados de esas concentraciones. Como dato ilustrativo, necesitaríamos reducir las emisiones anuales entre treinta y sesenta por ciento respecto a su valor actual durante los próximos veinte o cuarenta años, y continuar su reducción hasta el 2100, para lograr que el clima se estabilice en una concentración equivalente a poco más de dos veces el nivel preindustrial de CO2. Además, la inercia climática es un fuerte argumento en favor de seguir el llamado principio precautorio, bajo el cual se priorizan las acciones de corto plazo para contrarrestar el cambio climático como precaución ante posibles catástrofes –aún desconociendo la magnitud precisa de los impactos esperados.
La adaptación y la mitigación Existen dos tipos de estrategias generales para enfrentar el cambio climático: la adaptación y la mitigación. La primera consiste en el conjunto de acciones que se deben realizar para minimizar los impactos esperados del cambio climático –por ejemplo, desarrollo de variedades de cereales más adaptados a las sequías, subir el nivel de los diques para contener el esperado aumento en el nivel del mar, etcétera. Estas medidas tendrán que darse de un modo u otro, pues ya estamos en un mundo más caliente. Sin embargo, por sí solas no serán suficientes para contrarrestar los efectos negativos. El debate sobre el cambio climático pasa inexorablemente por la necesidad de reducir –o mitigar– en forma significativa las emisiones de gases de invernadero. Aquí, se abren una serie de interrogantes éticas, técnicas, económicas y políticas sumamente complejas, cuyas respuestas requieren la participación comprometida de todos los sectores sociales. Algunas de las más inmediatas son: ¿qué opciones de mitigación existen y cómo se podrían combinar de manera óptima en el futuro?, ¿cuál es el costo social y económico de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?, ¿cómo se distribuirá la reducción entre los diferentes países y durante el tiempo?, ¿quiénes tendrán que pagar los costos? Es difícil, y políticamente oneroso, realizar medidas exclusivamente dirigidas a adaptarse o a mitigar el cambio climático cuando existen problemas apremiantes de corto plazo. Por ello, debe buscarse estrategias que ayuden a resolver ambos tipos de problemas simultáneamente. Por ejemplo, aplicar estándares más estrictos para vehículos con el fin de reducir la contaminación urbana y mitigar el cambio climático. Conservar y manejar sustentablemente los bosques contribuye a conservar la biodiversidad, los suelos y las cuencas hidrográficas, aunado a que evita emisiones de CO2 hacia la atmósfera. Las oportunidades de mitigación Globalmente, cada año se emiten a la atmósfera más de once mil millones de toneladas de carbono –11 gigatoneladas de carbono o GtonC– equivalentes de gases de efecto invernadero. Las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzan aproximadamente 7.4 GtonC por año, 6.4 por la producción de energía y una por la desforestación. Un mapa mundial de la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero por región muestra una situación compleja, la magnitud de las emisiones tienen importantes variaciones tanto por su monto total y per cápita, como por su origen –energético o por procesos de cambio de uso del suelo. También son complejas las alternativas para reducirlas significativamente. Actualmente ochenta por ciento de toda la energía consumida en el mundo viene de combustibles fósiles –en México noventa y dos por ciento de la energía utilizada proviene de estos combustibles (cuadro 3). |
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Hay intereses económicos y políticos muy profundos asociados a su uso –como quedó patente en la guerra contra Irak– y todo un modelo de desarrollo económico, tecnológico y social tejido en torno.
De hecho, para contrarrestar el cambio climático se requieren acciones integradas, decisivas y urgentes, lo cual significa un profundo cuestionamiento hacia este modelo. Debemos abandonar el uso indiscriminado de combustibles fósiles y el dispendio energético, también la agricultura contaminante e intensiva en uso de insumos químicos y altamente subsidiada energéticamente, se debe frenar la desaparición y degradación sistemática de los bosques y selvas naturales y dejar de fomentar las desigualdades en los patrones de consumo, tanto entre los países como al interior de éstos.
Para examinar cómo contrarrestar –o mitigar– el cambio climático se construyen escenarios globales, regionales y nacionales en los que se estima la evolución esperada de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos ejercicios suponen integrar en modelos con distinto grado de sofisticación, proyecciones económicas, demográficas, tecnológicas y sociales, en un conjunto amplio de escenarios futuros. Se trata de anticipar las trayectorias de no tomarse ninguna acción específica sobre cambio climático –los escenarios de referencia– y las trayectorias posibles al incluir acciones concretas para mitigarlo –los escenarios de mitigación. En un ejercicio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) sobre escenarios futuros se concluyó, por un lado, que entre el año 2000 y el 2010, pueden lograrse reducciones por menos de 100 dólares por tonelada de carbono –como referencia, el costo de un barril de petróleo equivale a 150 dólares por tonelada de carbono– alcanzando entre 1.9 y 2.6 GtonC por año en el sector energía y aproximadamente una GtonC por año en el sector forestal. Esto significa cuarenta por ciento de las actuales emisiones globales. Asimismo, se concluyó que hay un estrecho vínculo entre mitigación del cambio climático, mejor manejo ambiental y desarrollo sustentable. Las principales medidas de mitigación tecnológicas incluyen el uso eficiente de energía –por ejemplo, reemplazar focos incandescentes por compactos fluorescentes, promover automóviles más eficientes y plantas de generación termoeléctrica de ciclo combinado– y la transición hacia las fuentes renovables de energía. Recordemos que la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de la biomasa no añaden en forma neta gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En el sector forestal son muy importantes las acciones destinadas a conservar los bosques existentes y aumentar la densidad de biomasa de los actuales sistemas de uso del suelo. La primera alternativa es clave, pues estamos perdiendo quince millones de hectáreas al año –aproximadamente 670 000 hectáreas tan sólo en México. Cada hectárea de selva convertida en potrero lleva asociada una pérdida de entre cien y doscientas toneladas de carbono en los primeros cinco años. Recuperarlo implica plantar entre treinta y setenta hectáreas de bosque. La segunda alternativa significa la reforestación de áreas degradadas, el establecimiento de plantaciones comerciales –para obtener madera, papel o energía– y el impulso a los sistemas agroforestales. Es importante recalcar que los estudios de mitigación en diversas escalas muestran que existe una gran cantidad de medidas –conocidas como de no arrepentimiento o no regrets en inglés– que son costo efectivas. Es decir, deberían aplicarse aún sin tomar en cuenta el cambio climático. Finalmente, debe enfatizarse que el cambio en las tecnologías es necesario pero no suficiente. Se requiere trabajar en los marcos regulatorios que permiten o impiden el desarrollo de las distintas opciones, en esquemas de incentivos y penalizaciones a las más contaminantes. También es necesario realizar cambios fuertes en nuestro estilo de vida dominante, utilizar mucho más los transportes públicos, bicicletas y otros medios de transporte, reducir el consumo superfluo de recursos, orientarse hacia una producción de alimentos orgánicos y con énfasis en la autogestión local, promover el manejo sustentable de los bosques, entre otras medidas. Las dimensiones ética y política La búsqueda de soluciones al cambio climático abrió un debate en el frente ético con preguntas como ¿cuál es el máximo nivel de emisiones de cada país o de cada habitante de la Tierra?, ¿debemos contar el efecto actual o el acumulado de las emisiones?, ¿qué nivel y costo tendrán las reducciones de emisiones para los países y grupos sociales actuales y futuros? o ¿cuáles son las implicaciones para cuestiones de equidad intra e intergeneracional? Las responsabilidades del problema son abrumadoramente claras. Históricamente, alrededor de noventa por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los países industrializados. De hecho, éstos –específicamente los Estados Unidos–, acostumbrados al dispendio, han agotado la capacidad de los sistemas naturales para neutralizar las emisiones, ahora deben ser artífices y ejemplo en las reducciones. Por su parte, los países en vías de desarrollo necesitan otros paradigmas para alcanzar niveles de vida aceptables para el conjunto de su población. En suma, se necesita un amplio conjunto de acciones de todos los sectores, partiendo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el problema del cambio climático. Desafortunadamente, en la práctica hay diferencias fundamentales entre países y sectores sobre cuándo y cómo actuar, qué nivel de urgencia se tiene, qué profundidad deben tener las medidas, qué tipo de medidas, de enfoques y de compromisos deben establecerse. Responder adecuadamente al cambio climático obliga, en lo inmediato, ejecutar acciones que sigan una lógica de largo plazo, lo cual encaja cada vez menos en las limitadas agendas y urgencias políticas de cada cuatrienio o sexenio. Por estos motivos, alcanzar acuerdos internacionales en materia de cambio climático es una tarea titánica. El primer tratado importante firmado internacionalmente fue la Convención del Clima, que en 1992 estableció la responsabilidad de los países industrializados en la génesis del cambio climático y subrayó la necesidad de poner un techo a las emisiones de gases de efecto invernadero de modo que sus concentraciones se mantuvieran en niveles seguros para el planeta. Se hizo énfasis en relacionar las estrategias de mitigación del cambio climático con el desarrollo sustentable. Como esa convención no contemplaba compromisos concretos de reducción de emisiones, en 1997 se propone el Protocolo de Kyoto, donde se establece por primera vez la meta de reducir las emisiones de los países industrializados en cinco por ciento respecto a su nivel de 1990 para el periodo entre el 2008 y el 2012. Además, se instaura el mecanismo de desarrollo limpio (mdl), que permite la colaboración entre países en vías de desarrollo y los industrializados en la reducción de emisiones. Cabe destacar que el mdl estipula que sólo serán aprobados aquellos proyectos que demuestren que la mitigación de emisiones o captura de carbono van acompañados con claros cobeneficios de tipo ecológico y social –la llamada cláusula de sustentabilidad. En otras palabras, se buscan proyectos que contribuyan a resolver el problema del cambio climático, generen empleos locales e impulsen la participación social y la restauración ecológica de sitios degradados. Así, las estrategias de mitigación deben ser compatibles con las necesidades y requerimientos de desarrollo sustentable de los países del llamado tercer mundo. De hecho, mundialmente se han desarrollado una centena de proyectos piloto energéticos, forestales y agrícolas de mitigación de emisiones de gases, los cuales permitirán mejorar el entendimiento de cómo combinar los beneficios sociales y económicos locales con la protección del ambiente local y global.
El proceso de negociación del Protocolo de Kyoto, que tomó más de siete años, culminó en febrero del 2005 cuando entró en vigor después de la ratificación de Rusia. Estados Unidos, responsable de un cuarto de las actuales emisiones, y Australia, principal exportador mundial de carbón mineral, decidieron no ratificarlo, consecuentes con la política del primero de boicotear cualquier esfuerzo para reducir el consumo de combustibles fósiles. El Protocolo de Kyoto, a pesar de ser incipiente, representa una base para negociar futuras reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. La pérdida de grandes masas de hielo en las zonas polares, el retiro de los glaciares y el aumento de la incidencia de fenómenos naturales como huracanes deberían ser incentivos suficientes para negociar compromisos mucho más fuertes de largo plazo que incluyan a los grandes países emisores como los Estados Unidos.
Retos para la investigación en ecología global Nuestro planeta sufre un grave impacto ambiental producto de las actividades humanas. De hecho, podría aseverarse que el futuro de la Tierra, tal como la conocemos, está estrechamente ligado a las decisiones que en este siglo tomemos. La sustentabilidad del globo terráqueo depende de la adecuada articulación de las decisiones de miles de millones de habitantes –los cuales viven mundos social, cultural y ambientalmente muy distintos–, desde sus ámbitos locales hasta los niveles nacional, internacional y global. Tendremos que aprender a trabajar en la unidad de la diversidad. La ecología global es un área de investigación relativamente reciente. Plantea retos muy serios en términos de las estrategias y métodos de investigación científica y su vinculación con la sociedad. Encontrar soluciones efectivas al problema del cambio climático global pasa por revisar en forma integrada aspectos científicos, técnicos, económicos, políticos y éticos con una amplia gama de actores sociales, y con ellos generar estrategias de comunicación-acción. En estas circunstancias, no puede mantenerse la visión convencional de los científicos como expertos ubicados en sus torres de marfil, que proporcionarán las soluciones y alternativas al resto de la sociedad. Al contrario, como enfatizan Funtowicz y Ravetz, Lubchenco y otros científicos, se necesita un nuevo contrato social de la ciencia o una ciencia postnormal. Como científicos, no podemos proporcionar respuestas absolutas sobre cuáles serán las consecuencias concretas del cambio global para grupos específicos en regiones particulares del planeta. Tampoco podemos realizar experimentos controlados y repetibles para examinar la bondad de las predicciones. Simultáneamente, existe la urgencia de actuar de inmediato para evitar que se agraven las consecuencias del cambio climático. En suma, se requiere una nueva aproximación científica que fortalezca los enfoques interdisciplinarios y sistémicos, que busque un entendimiento integrado y en múltiples escalas de los problemas, basado en la participación y comunicación con los diferentes actores sociales. Parafraseando a Kuhn, hablamos de la necesidad de una verdadera revolución científica, que plantea interesantes retos y sin duda constituye otra de las actuales fronteras de la ciencia.
Por último, y como moraleja, también debería quedarnos claro que un futuro catastrófico para el planeta no es inevitable. Existen una serie de opciones para cambiar el rumbo que llevamos, alternativas de manejo de recursos, de energía y de organización social que nos acercan a sistemas socioambientales más sustentables. Actualmente, miles de organizaciones y grupos aportan luces de esperanza en todas las escalas proponiendo, probando e impulsando este tipo de alternativas. Entonces, la tarea de todos es vencer el fatalismo y participar activamente para impulsar proyectos de relación de los seres humanos con la naturaleza verdaderamente sustentable. |
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Omar Raúl Masera
Centro de Investigaciones en Ecosistemas,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Campus Morelia.
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Referencias bibliográficas
Gallopín, G. 2001. Science and technology, sustainability and sustainable development. Comisión Económica para la América Latina (cepal), Santiago de Chile.
Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc). 2001. Climate Change 2001: Synthesis Report. Cambridge University Press, Nueva York.
Jaramillo, V. 1994. “El cambio global: interacciones de la biota y la atmósfera”, en Ciencias, núm. 35, pp. 4-14.
Masera, O. R., A. D. Cerón y J. A. Ordóñez. 2001. “Forestry Mitigation Options for México: Finding Synergies Between National Sustainable Development Priorities and Global Concerns”, en Mitigation and Adaptation Strategies for Climate Change. Special Issue on Land Use Change and Forestry Carbon Mitigation Potential and Cost Effectiveness of Mitigations Options in Developing Countries, vol. 6, núms. 3-4, pp. 291-312.
Ravetz, J. y S. Funtowicz. 1999. “Post-Normal Science, an insight now maturing”, en Futures, núm. 31, pp. 641–646.
Sheinbaum, C. y O. R. Masera. 2000. “Mitigating Carbon Emissions while Advancing National Development Priorities. The Case of Mexico”, en Climatic Change, vol. 47, núm. 3, pp. 259-282.
Vitousek, P. M., H. A Mooney, J. Lubchenco y J. M. Melillo. 1997. “Human domination of earth’s ecosys-tems”, en Science, núm. 277, pp. 494-499
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Omar Raúl Masera es investigador titular del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la unam, donde dirige el Laboratorio de Bioenergía. Obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la unam y los grados de Maestro y de Doctor en la Universidad de California, Berkeley. Premio Nacional para Jóvenes Científicos de la Academia Mexicana de Ciencias en Investigación Tecnológica. Ha sido asesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo.
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como citar este artículo → Masera Cerutti, Omar Raúl. (2006). La ecología global. Ciencias 81, enero-marzo, 4-15. [En línea]
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Los estudios de sustentabilidad
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El presente escrito es un ejercicio de exploración general de los orígenes y distintos enfoques con los que se ha abordado el concepto de sustentabilidad en México. Se presentan tanto los enfoques como los métodos empleados en el estudio de este tema con el fin de proporcionar una idea general de los mismo
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Humberto Macías, Oswaldo Téllez, Patricia Dávila y Alejandro Casas
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El debate sobre sustentabilidad, manejo y desarrollo sustentable es amplio y complejo. La rápida incorporación de estos términos en los discursos políticos y de la planeación gubernamental generó, en muchos casos, que derivaran en lo que desde 1989 Lélé llamó “una frase de moda que todos utilizamos pero nadie se preocupa por definir”. En efecto, una de las principales dificultades que enfrentan quienes intentan un análisis riguroso de estos conceptos es que se han convertido en clichés, usados y definidos en forma totalmente inconsistente. A pesar de ello, la cantidad de trabajos que abordan el tema es enorme. Como ejemplo, basta mencionar que en las bases de datos disponibles en la pagina electrónica de la unam, hay más de 18 000 referencias relacionadas con la sustentabilidad y el desarrollo sustentable.
No obstante que en 1995 Goodland ubicó los orígenes del estudio de lo que actualmente entendemos por sustentabilidad o sostenibilidad –términos usados ahora indistintamente– en 1836 con los “Principios de economía política” de Malthus, generalmente el punto de referencia inicial es la primera Reunión mundial sobre el medio ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, en la cual los países subdesarrollados demandaron la incorporación de los problemas del desarrollo humano en la agenda política internacional. Esto implicó un enfoque que integraba los factores y objetivos sociales, económicos y ecológicos en una perspectiva de largo plazo a través del concepto de ecodesarrollo. En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza introdujo el concepto de sustentabilidad, centrándolo en la protección y conservación de los recursos vivientes. Tres años después, la Organización de la Naciones Unidas creó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, cuya misión consistió en buscar la consonancia entre las necesidades y aspiraciones de las poblaciones y los recursos del planeta; pronto identificaron algunos problemas ambientales globales que debían ser abordados paralelamente en los niveles nacional o regional. Al final de la década de los años ochentas, ya eran muchas las definiciones de sustentabilidad, desde las específicas hasta las generalistas, incluyendo las verdaderamente confusas. Pezzey hizo una lista de veintisiete diferentes definiciones, mientras que en 1996, Hansen obtuvo una veintena únicamente en el contexto de lo que definió como sustentabilidad agrícola. Dixon y Fallon identificaron tres enfoques del concepto de sustentabilidad: el puramente biofísico para un recurso natural determinado, el biofísico usado para denominar un grupo de recursos o un ecosistema, y el biofísico, social y económico. El primero se creó con la finalidad de definir límites físicos para la explotación de recursos biológicos renovables, como los bosques o los recursos pesqueros, considerándolos de forma aislada. Bajo este enfoque, la sustentabilidad es sinónimo de cosecha sostenida y significa utilizar el recurso sin reducir su reserva física. Es como usar los intereses de una cuenta de ahorro en un banco, en la cual mientras se deje el capital se podrán seguir generando intereses.
En el segundo, el concepto se amplía hasta un sistema que abarca varios recursos naturales. La sustentabilidad se mide en términos biofísicos, pero toma en cuenta las diferentes entradas y salidas del ecosistema. De este modo, un manejo sustentable de determinado recurso bajo el enfoque anterior, podría encontrarse no sustentable cuando se contempla al ecosistema en su conjunto. Por ejemplo, una producción sostenida de un bosque puede tener impactos negativos como erosión de suelos, asolvamiento, cambios en cuerpos de agua y reducción en la diversidad de habitats silvestres y de especies, sin que esto repercuta directamente en la sustentabilidad del manejo forestal. La naturaleza y la complejidad de los componentes del ecosistema y de sus interacciones, hacen necesaria la identificación de los procesos de avance negativo asociados al desarrollo de alternativas. Por ello, la clara determinación de los límites de los sistemas en cuestión constituye una tarea indispensable para este tipo de modelo. El último enfoque complica aún más la definición de sustentabilidad al incluir los aspectos sociales y económicos que influyen, imposibilitan o favorecen la sustentabilidad ambiental de determinado sistema, o cuando se habla de un sistema socioambiental. Allí, la sustentabilidad puede definirse, tal como lo propusieron Masera y colaboradores en el 2000, como “el mantenimiento de una serie de objetivos –o propiedades– deseados de un sistema a lo largo del tiempo”. Es un concepto dinámico que parte de un sistema de valores, el cual debe analizarse de acuerdo al contexto social y ambiental en que se desarrolla. Estos tres grandes enfoques muestran que, a pesar de los diversos intentos, es imposible llegar a una definición universal de sustentabilidad. Cuando se habla de sustentabilidad y manejo sustentable deben responderse preguntas fundamentales: ¿qué se va a sostener?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿en qué escala espacial?, ¿sustentabilidad para quién?, ¿quién y cómo se pondrá en práctica? Es decir, entender e incorporar la pluralidad de preferencias, prioridades y percepciones de los distintos sectores involucrados en los objetivos de lo que va a sostenerse. La especificidad y concreción de la sustentabilidad deben determinarse localmente mediante procesos que busquen una adecuada articulación entre las diferentes escalas de análisis –microregional, nacional, mundial. Lo anterior implica aceptar que el estudio de la sustentabilidad conlleva necesariamente un enfoque ideológico.
El desarrollo sustentable Con el informe “Nuestro futuro común”, presentado por la Comisión Bruntland, se acuña el concepto de desarrollo sustentable caracterizado como “aquel tipo de desarrollo que provee las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades”. Este concepto, a pesar de posiciones que lo califican de utópico y contradictorio, ha adquirido un carácter paradigmático. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, se reconoció que la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico requieren soluciones globales. Al más alto nivel gubernamental se obtuvo el consenso para adoptar un nuevo enfoque sobre el desarrollo, en el cual la erradicación de la pobreza y la protección del medio están estrechamente vinculadas, tornándose oficial el concepto de desarrollo sustentable e incorporándose en la planeación para el desarrollo.
De este modo, el desarrollo sustentable puede considerarse como un proceso de cambio dirigido, donde son tan importantes las metas trazadas como el camino para llegar a ellas. Las nociones de permanencia –en cuanto al cuidado adecuado del entorno socioambiental– y de equidad –referida a la justa distribución intra e intergeneracional de costos y beneficios– del proceso, son partes indispensables de su definición. Las metas no son estáticas, se redefinen continuamente como producto del devenir social y de su interacción con el medio ambiente. Entre los objetivos particulares que debe perseguir están los de tipo sociocultural, como promover la diversidad y el pluralismo cultural y reducir las desigualdades entre y al interior de los países, regiones y comunidades; los ambientales, como asegurar la adecuada conservación y restauración de los recursos naturales y tratar de promover sistemas tecnológicos que propicien el uso eficiente y sinérgico de ellos; y los económicos, como generar las estructuras productivas que proporcionen los bienes y servicios necesarios para la sociedad, garantizando el empleo pleno y el trabajo con sentido, con la finalidad de mejorar las capacidades de desarrollo de los seres humanos. Las estrategias para lograr estos objetivos –y en algunos casos para definirlos– implican confrontar argumentaciones sociales, políticas, económicas y ambientales, pues está claro que las necesidades y los medios para satisfacerlas difieren radicalmente según el grupo humano. Sin embargo, en términos generales pueden distinguirse dos grandes grupos o líneas de trabajo: quienes abogan por estrategias correctivas, aquellas mediante las cuales el proceso se lograría simplemente modificando las instituciones y el marco sociopolítico actual, sin alterar el status quo; y quienes hacen hincapié en las estrategias transformadoras, aquellas basadas en un cambio profundo de las instituciones, de los patrones de uso de los recursos y de las actuales políticas. En el segundo grupo, generalmente las estrategias de cambio incluyen una democratización efectiva, una mayor participación y controles locales, y la redistribución de la riqueza y los recursos productivos.
En la discusión sobre desarrollo sustentable tres premisas deben tenerse en cuenta: primero, como estamos hablando de un proceso, de un concepto dinámico, las necesidades humanas tendrán que definirse continuamente en el curso del desarrollo; segundo, ya que es necesario establecer prioridades, no es posible maximizar todos los objetivos deseados simultáneamente; y, por último, como el desarrollo sustentable es un concepto genérico, su especificidad y concreción deben determinarse local y regionalmente. El estudio de la sustentabilidad en México En una revisión de la literatura publicada en las últimas dos décadas sobre los estudios relacionados con el aprovechamiento y el manejo de los recursos naturales en México, prácticamente es seguro encontrar elementos que los ligan, explícita o implícitamente, con el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable. La incorporación del tema como objeto de estudio en distintas disciplinas es hoy evidente. En la última década, múltiples trabajos de tesis se han realizado, tanto de licenciatura como de posgrado, en los que explícitamente se enuncia la sustentabilidad como objeto de estudio. Dichos trabajos provienen de áreas tan diversas como actuaría, arquitectura, administración pública, economía, biología, ingeniería de sistemas, relaciones internacionales, geografía, ingeniería de la planeación, derecho, educación, planificación para el desarrollo agropecuario y contaduría.
La incorporación de la comunidad científica mexicana al análisis de los problemas ambientales del país, y al planteamiento de estrategias de desarrollo fundadas en la racionalidad del uso sostenido de los recursos, tiene sus primeros antecedentes en el “Seminario Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo” organizado en 1973 por el Instituto Politécnico Nacional (ipn), la “Conferencia de Cocoyoc” en 1974 y el “Simposio sobre ecodesarrollo” que organizó la Asociación Mexicana de Epistemología en 1976. Sin embargo, puede considerarse que en México el estudio sobre la sustentabilidad de los sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sustentable tiene como punto de partida institucional la participación de Pablo González Casanova en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo y la posterior puesta en marcha del proyecto “Medio ambiente y desarrollo en México”, cuyos primeros resultados se presentaron en agosto de 1985.
En este contexto, surgen enfoques como el de manejo integral de cuencas hidrológicas y el entendimiento de la necesidad de analizar la problemática del aprovechamiento y la conservación desde perspectivas multisectoriales que involucren a los distintos actores relacionados, más allá de los aspectos netamente ecológicos. También en esta etapa aparecen los primeros trabajos que enfocan el estudio del manejo de los sistemas naturales desde la perspectiva de los sistemas adaptativos complejos y el estudio de los agroecosistemas en la planeación ecológica del uso de la tierra. En esos trabajos puede observarse claramente los intentos por abordar la problemática ambiental desde una perspectiva integral, además, toma fuerza la necesidad de incorporar aspectos culturales y la visión local del ambiente como parte complementaria y no accesoria en la comprensión de la problemática involucrada en el manejo y conservación de los recursos naturales. Asimismo, se robustece la convicción de que la investigación y el desarrollo agrícola deben operar en una perspectiva de abajo hacia arriba, empezando por las propias poblaciones locales, identificando sus necesidades, sus aspiraciones, su conocimiento agrícola y sus recursos naturales.
En general, todos estos puntos de vista parten de una crítica hacia los enfoques convencionales, comunes en todo el mundo a partir de la segunda guerra mundial. Sin embargo, los proponentes del ecodesarrollo, sin dejar de reconocer los logros específicos de dichos enfoques, los ven como una amenaza que, en el largo plazo, ponen en peligro la viabilidad de las sociedades que los adoptan. Una buena porción del progreso teórico del ecodesarrollo en México proviene de una búsqueda filosófica que algunos de sus proponentes realizaron para encontrar alternativas epistemológicas al paradigma científico dominante, cuyo conocimiento tiende a ser cada vez más reduccionista, mecanicista y fragmentado. Otro elemento fundamental en este enfoque, seguido por la mayoría de los autores, es la idea de que el deterioro ambiental y la pérdida de los recursos naturales que conlleva, están ligados a modelos de desarrollo que no surgen de las necesidades colectivas de las poblaciones, que son inducidos o impuestos desde una perspectiva parcial que es totalmente ajena a los actores sociales involucrados en las problemáticas locales.
La evaluación de la sustentabilidad Una vez aceptado que el paradigma actual de los sistemas ecológicos–sociales es por excelencia el desarrollo sustentable, el siguiente paso es encontrar metodologías que permitan medir este proceso. De acuerdo con López Ridaura es evidente que en los últimos años la evaluación de la sustentabilidad se ha convertido en un tema de intensa actividad científica. En términos generales, plantea que la elaboración de listas de indicadores de la sustentabilidad y de marcos metodológicos son los principales esfuerzos encaminados a proporcionar estrategias para la evaluación. Un indicador es una variable que permite describir confiablemente el estado o cambio de la condición de un aspecto del sistema de manejo. Por la especificidad de estos sistemas no puede definirse una lista universal de indicadores apropiados para todos los casos. Al contrario, los utilizados dependerán de las características del problema bajo estudio, el tipo de acceso, la escala del proyecto y la disponibilidad de datos. Los indicadores deben ser sensibles y tener como respaldo una base estadística o de medición suficiente. Algunos ejemplos de indicadores comúnmente empleados son: en el área económica, relación costo-beneficio y costo de inversión-ingreso medio de productores, evolución de los precios de insumos o de los principales productos del sistema; en el área social, número y tipo de beneficiarios del sistema, nivel de participación y de organización, mecanismos de resolución de conflictos; y en el área ambiental, rendimientos de cultivos, variabilidad de los rendimientos, índice de diversidad de especies, erosión de suelos. En la elaboración de marcos metodológicos para la evaluación de la sustentabilidad, se han realizado importantes aportes respecto de los sistemas de manejo, de las tecnologías y de los proyectos relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales. En 2001, con base en una síntesis de los principales marcos metodológicos utilizados hasta el momento, López Ridaura consideraba que los siguientes aspectos no se habían abordado con suficiente profundidad: el análisis del manejo de recursos naturales como un sistema en el cual se relacionan aspectos sociales, ambientales y económicos; la integración de los resultados obtenidos en la medición de indicadores; la articulación de escalas en la evaluación de sustentabilidad; la participación, en el proceso de evaluación, de todos los sectores involucrados en el manejo de los recursos naturales; y el análisis de los sistemas de manejo como un proceso iterativo de evaluación-acción-evaluación. Señala que sólo son algunos de los que aparecen recurrentemente como temas en las discusiones, y plantea la necesidad de generar estrategias que permitan conducir un proceso de evaluación integral, sistémico, participativo, flexible y propositivo. En México, el marco metodológico más utilizado, con diversas modificaciones efectuadas por distintos estudios, es el “Marco de evaluación de manejo sustentable de tierras”, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) en 1994. Con él, se pretende realizar un análisis integral del sistema de manejo. Sin embargo, tiene un fuerte sesgo ambiental e incorpora débilmente los aspectos económicos y sociales que determinan, en buena medida, el comportamiento del sistema. Sugieren una metodología con cinco niveles de evaluación, los dos primeros están orientados a definir y caracterizar al sistema que se quiere evaluar y las prácticas de manejo involucradas en una escala espacio-temporal. En los tres siguientes se identifican los factores que afectan la sustentabilidad del sistema, así como los criterios usados para analizarlos. Una vez construidos los indicadores que serán monitoreados, con base en sus respectivos umbrales, se define el intervalo de evaluación de cada uno de ellos.
En 1997 aparecen los primeros documentos del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad (mesmis), que representa una propuesta metodológica alternativa en la cual se incorporan las experiencias de los marcos de evaluación generados hasta entonces. Además, el mesmis presenta un enfoque integrador para el estudio de estos sistemas. Adoptando una perspectiva sistémica para poder establecer una definición operativa del concepto de sustentabilidad, el mesmis define siete atributos básicos o generales que caracterizan a los sistemas de manejo de los recursos naturales sustentables (cuadro 1). |
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Aquí, la evaluación de la sustentabilidad solamente es válida para un sistema de manejo específico, para el cual se ha determinado el lugar geográfico, el contexto social y político, la escala espacial –parcela, unidad de producción, comunidad– y la temporal.
La evaluación es una actividad participativa que requiere una perspectiva y un equipo de trabajo interdisciplinarios, el cual debe incluir tanto evaluadores externos como a quienes están directamente involucrados –agricultores, técnicos, representantes de la comunidad y otros actores. Existen dos vías fundamentales para llevar a cabo la evaluación: comparar la evolución de un sistema a través del tiempo y comparar simultáneamente uno o más sistemas de manejo alternativo o innovador con un sistema de referencia. En ambos casos, la evaluación es un proceso cíclico que tiene como objetivo central fortalecer tanto los sistemas como la metodología utilizada (cuadro 2).
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Metodologías participativas en México
El concepto de participación social se define de acuerdo con la posición política e ideológica del sujeto. El intervalo de diferencias es amplio, desde aquella entendida como una simple consulta y validación de decisiones exógenas por parte de la población local –yo participo, tú participas [...] deciden los de siempre–, hasta la que es concebida como un proceso de toma del poder. La tradición latinoamericana en las ciencias sociales se identifica más con la última visión.
En el 2001, Moya y Way definieron la participación –en el contexto de las metodologías participativas–, como “el proceso de interacción social que implica la toma de conciencia crítica en los niveles personal y colectivo. Se refleja en la apropiación de las acciones y las decisiones sobre el propio desarrollo y en el fortalecimiento de las formas locales de organización”. Como elemento metodológico en la investigación, el concepto tiene sus cimientos, por un lado, en los planteamientos de la pedagogía del oprimido y la educación liberadora y, por el otro, en la investigación-acción que surge como reacción a los paradigmas del funcionalismo estructural, dominantes en las ciencias sociales.
En el origen sociológico de la investigación participativa, se distinguen dos corrientes divergentes. La primera se fundamenta en el funcionalismo estructural y trabaja con modelos de armonía, integración y modernización. La segunda se basa en el materialismo histórico y trabaja con modelos de conflictos, movilización y transformación de las estructuras sociales. En general, la orientación adoptada en América Latina es la segunda, mientras que la primera es más común en los países desarrollados.
Desarrollo rural en México En México, el enfoque participativo inicia a mediados de los años sesentas por influencia de algunas corrientes filosóficas, cuyos efectos incidieron en la orientación de la acción social transformadora. Moya y Way señalan la teología de la liberación de Boff, la educación popular liberadora concientizadora de Freire y la propuesta de investigación participativa militante de Fals Borda y Rahman. También son importantes la acción anarquista comunitaria, la democracia participativa y la ecología social de Murray Bookchin. Desde 1965 se identificaron dos corrientes de trabajo participativo. Por un lado, los grupos religiosos, vinculados a la teología de la liberación y la educación popular de Freire, que hacen trabajo en las comunidades eclesiales de base. Por el otro, los grupos laicos por medio de la práctica de la llamada educación concientización popular. A partir de estas corrientes, las cuales tienen un origen ideológico común, se construye una nueva visión de lo que es el binomio ciencia-educación popular, que continua su desarrollo en muchas versiones de la investigación participativa. En 1975 el antropólogo Ricardo Pozas impulsó una propuesta de trabajo que llamó investigación-acción, la cual paulatinamente se transformó en un método participativo de trabajo intercultural con comunidades indígenas. Posteriormente, este método fue adoptado por el Instituto Nacional Indigenista. Dos años más tarde, Efraín Hernández X. convocó a un gran “Encuentro nacional sobre agroecosistemas de México”, allí se recogieron diversos trabajos que permiten reconocer las formas tradicionales de manejo de los recursos naturales como una alternativa frente la transferencia tecnológica desarrollista. Se planteó una propuesta sencilla e integrada en la práctica realizada con los campesinos y denominada ciencia de huarache. En la segunda mitad de los años setentas, Anton de Schüter desarrolló el enfoque de investigación-acción-participativa, por conducto del cual se generan procesos de educación para adultos. Simultáneamente, con la influencia de un equipo de trabajo de la fao, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se desarrolló un enfoque de planeación participativa, puesto en práctica en su Instituto de Capacitación entre 1978 y 1982. A principios de los años ochentas, creció la discusión sobre cómo hacer investigación y acción participativa, comprometida con las comunidades de base e independiente de las iniciativas gubernamentales. Esta influyó en la creación de una corriente de investigación-acción participativa que rebasó con mucho al ámbito académico. Diagnóstico rural participativo A finales de los años ochentas, llegó a México por dos vías la versión inglesa del diagnóstico rural participativo. La primera es por un equipo inglés que desarrolló, en la Universidad Autónoma de Yucatán, actividades de divulgación, capacitación y acompañamiento en la aplicación práctica del diagnóstico. La segunda por el Instituto Mundial de Recursos de los Estados Unidos con la versión que se impulsa desde Norteamérica conocida como evaluación rural participativa. Esta última fue recuperada y probada por el Grupo de Estudios Ambientales (gea). Los años noventas representan un laboratorio de cultivo de diversas variantes de los enfoques participativos en México. Prosiguió el desarrollo de las comunidades eclesiales de base y los grupos civiles de educación popular –con sus autodiagnósticos campesinos. Todos recogen elementos del diagnóstico rural participativo y desarrollan modificaciones para adaptarlo a las diversas circunstancias culturales. Destacan los métodos del diagnóstico participativo (dip-uady), la evaluación rural participativa y la evaluación situacional participativa, local y regional (gea). Aunado a ello, en 1995 se celebró el “Encuentro internacional de intercambio de experiencias sobre métodos participativos para el desarrollo rural” en Isla Mujeres, Quintana Roo.
Entre los proyectos de desarrollo rural se extendió el uso del concepto de participación social como requisito obligatorio, equivalente de mejor ejecución, impuesto por las fuentes de financiamiento. Las reformas adoptadas por el Banco Mundial en las políticas relativas al discurso de buen gobierno y la participación social en la década de los años noventas, impulsaron la inclusión de diversas metodologías participativas en el ámbito gubernamental, en particular el diagnóstico rural participativo, utilizado como herramienta metodológica en muchos programas del sector rural durante las dos pasadas administraciones públicas. Sin embargo, sus críticos señalan que el inadecuado empleo de estos métodos en programas sociales masivos, reduce las capacidades locales de organización y las probabilidades de usarlos correctamente en el futuro. La experiencia en México del diagnóstico rural participativo y la evaluación rural participativa es recopilada en el análisis realizado por el proyecto “Veredas hacia la participación” (cuadro 3).
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| Investigación participativa Los marcos metodológicos generados para evaluar la sustentabilidad de sistemas de aprovechamiento de recursos naturales son suficientes para abordar el problema y proseguir su maduración por medio de la experiencia, donde la participación de todos los sujetos sociales involucrados es uno de los aspectos fundamentales en la comprensión de los procesos e interacciones y en la construcción de la sustentabilidad. Aunque en las áreas económicas y sociales del conocimiento se ha incorporado el concepto de participación en un intento por solucionar la problemática, el sistema social sigue representando el escollo insalvable en el avance de los estudios sobre sustentabilidad. Una alternativa viable para intentar construir experiencias exitosas la representa el estudio desde marcos metodológicos como el mesmis.
En síntesis, puede afirmarse que la participación es un proceso, no una etapa, que se construye desde dentro –facilitadores y promotores– y desde abajo –población local. Desde el interior del individuo, porque la búsqueda del desarrollo participativo no es un trabajo mecánico. Como casi toda actividad social, debe partir de un código ético que aún no es claro y no se ha promovido públicamente en las instituciones y grupos que usan las metodologías participativas. El desarrollo participativo se construye desde abajo, en el dialogo, el mutuo aprendizaje, el respeto y la confianza con la población local.
Quizás el gran problema es lograr que la comunidad científica dedicada al estudio del aprovechamiento de los recursos naturales incorpore enfoques que implican un replanteamiento epistemológico, político y, por tanto, metodológico. No se trata de hacer lo mismo pero con la participación de la comunidad, sino investigar desde una nueva óptica o perspectiva, en, con y para la comunidad. Epistemológicamente supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto. Políticamente, partir de la realidad con su situación estructural concreta y contribuir a transformarla creativamente con la comunidad. Metodológicamente, supone la construcción de un proceso modesto y sencillo, pero que conduzca a la participación de todos los elementos involucrados, así como a una reflexión seria y profunda de la actual situación, sus causas y tendencias, y a la construcción de estrategias concretas y viables, por medio de la planeación y una acción renovada y transformadora con toda la comunidad.
Esta idea de la participación quedó plasmada en palabras de Paulo Freire: “uno de los saberes primeros, indispensables para quien al llegar a favelas o a realidades marcadas por la traición a nuestro derecho de ser, y pretende que su presencia se vaya convirtiendo en convivencia, que su estar en el contexto se vaya volviendo estar con él, es saber del futuro como problema y no como inexorable destino [...] saber de la historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es. El mundo está siendo [...] Mi papel en el mundo, como subjetividad curiosa, inteligente, interferidora en la objetividad con que dialécticamente me relaciono, no es sólo el de quien constata lo que ocurre sino también el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No soy sólo objeto de la historia sino que soy igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme, sino para cambiar [...] En el propio mundo físico mi comprobación no me lleva a la impotencia. El conocimiento sobre los terremotos desarrolló toda una ingeniería que nos ayuda a sobrevivirlos. No podemos eliminarlos pero podemos disminuir los daños que nos causan. Al comprobar, nos volvemos capaces de intervenir en la realidad, tarea incomparablemente más compleja y generadora de nuevos saberes. Es por eso también por lo que no me parece posible, ni aceptable, la posición ingenua, o peor, astutamente neutral de quien estudia, ya sea el físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático, un pensador de la educación. Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo estar en el mundo, con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mí, la adaptación es sólo el camino para la inserción, que implica decisión, elección, intervención en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar, de hacerlo sin compromiso, como si de repente, misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante mundo, ajeno a nosotros como nosotros a él [...] ¿En favor de qué estudio? ¿En favor de quién estudio? ¿Contra qué estudio? ¿Contra quién estudio?”.
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| Humberto Macías Cuéllar, Oswaldo Téllez Valdés, Patricia Dávila Aranda Laboratorio de Recursos Naturales, UBIPRO, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro Casas Fernández Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. |
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Referencias bibliográficas
Grupo de Estudios Ambientales A.C. (gea). 1993. El proceso de Evaluación Rural participativa. Una propuesta Metodológica. Programa de Manejo participativo de Recursos Naturales. Cuaderno No. 1. gea/pnud, México.
Altieri, M. A. 1996. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable (clades) (Consorcio Latino Americano sobre Agroecología y Desarrollo). Santiago, Chile.
Dixon, J. y L. Fallon. 1989. “The concept of sustainability: origins, extensions and usefulness for policy˝, en Society and Natural Resources, núm. 2, pp. 73-84.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao). 2001. Programa de Análisis Socioeconómico y de Genero: Manual de Campo. fao, Roma, Italia.
Granados, D., H. Macías Cuéllar., J. Martínez Castillo y A. Navarro. 1997. “Producción rural en la región de Xcalak, Quintana Roo”, en Ciencia y Desarrollo, núm. 133/134, pp. 25-37.
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Humberto Macías Cuellar es candidato a Doctor en Ciencias por el Posgrado en Ciencias Biológicas de la unam. Oswaldo Téllez Valdés es profesor titular B de tiempo completo de la fes-Iztacala, obtuvo el Doctorado en la unam. Patricia Dávila Aranda es profesora titular C de tiempo completo de la fes-Iztacala, obtuvo el Doctorado en Iowa State University. Alejandro Casas Fernández es investigador titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, unam, obtuvo el Doctorado en la Universidad Reading U.K. _______________________________________________________________
como citar este artículo → Macías Cuéllar, Humberto y et.al. (2006). Los estudios de sustentabilidad. Ciencias 81, enero-marzo, 20-31. [En línea]
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| La horticultura indígena amazónica |
Se describen las asociaciones de cultivo manejadas en los sistemas de horticultura indígena amazónica y se establece una tipología de los cultivos mixtos y los policultivos. Se ofrecen ejemplos de manejo agroforestal de algunos pueblos amazónicos, los cuales pueden servir para experimentar en otros sitios y con distintos grupos sociales.
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Jorge Gasché
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En los últimos cincuenta años, muchos pueblos indígenas de las tierras bajas de la cuenca amazónica han adoptado un modo de vida que se asemeja al observado en poblaciones mestizas y que podemos llamar bosquesino. Este término debe liberarnos de la distinción simplificadora e inadecuada entre mestizos e indígenas, frente la actual realidad sociocultural, al plantearnos el reto de especificar las particularidades de cada comunidad en función de sus antecedentes étnicos, su historia y las propiedades de su convivencia social y expresión cultural. Para referirnos a las sociedades y culturas rurales amazónicas en forma genérica preferimos el términos de bosquesino al de campesino, porque los pobladores amazónicos no cultivan el campo abierto, llamado ager en latín –de donde deriva agricultura–, sino que practican el cultivo mixto o policultivo en terrenos desbrozados –chacras– donde el bosque se regenera después de uno o dos años de uso, alcanzando diferentes estadios de vegetación secundaria, o un nuevo bosque climático, antes de ser sometido al cultivo nuevamente. Así, el bosque, secundario o primario, es parte del sistema de cultivo. Después de unos años, cuando el bosque cercano a la vivienda se convertía en purma –bosque secundario, llamado rastrojo en Colombia y capoeira en el Brasil– y se agotan los animales de caza en los alrededores, el ritmo tradicional indígena implicaba el desplazamiento de la maloca –casa plurifamiliar– o la aldea hasta un nuevo sitio boscoso. Se trata de un sistema de cultivo seminómada y el modo de explotación de la tierra se conoce como cultivo de corte y quema o de roza y quema.
La creación de infraestructura en las aldeas bosquesinas por parte de gobiernos y otros agentes nacionales –escuela, sanatorios, iglesia, puentes, caminos pavimentados, etcétera–, así como la titulación de tierras comunales provocaron la sedentarización y agrupación en comunidades de los pobladores selváticos, convertido la horticultura migratoria en una rotativa que tiende a limitarse a la explotación cíclica de purmas por la enorme distancia que separa la comunidad del bosque primario. Este sistema rotativo se generalizó en la mayor parte de la Amazonía, aunque algunos pueblos, como los Yagua, mantienen cierto grado de movilidad. Lo que no se ha generalizado, y por ello merece nuestra atención, son las técnicas de cultivo, entre las cuales se distinguen diferentes tradiciones étnicas a pesar de las apariencias mestizas del actual bosquesino. El gran número de técnicas de origen indígena ofrece tantas soluciones como variantes hay al problema del cultivo sostenible en las tierras más pobres de la región. Recordemos que sólo seis por ciento de los terrenos amazónicos son fértiles y pueden cultivarse anualmente gracias a los aluviones depositados por los grandes ríos que tienen su origen en los Andes, desde donde acarrean sedimentos ricos en nutrimentos. Se trata de tierras ribereñas e inundables denominadas bajiales –o várzea en el Brasil–, que se limpian cuando el nivel de los ríos baja y cuyo cultivo a menudo se parece a la agricultura, como en la siembra de arroz, maíz o yute en monocultivo. Son las más productivas en la Amazonía y su cultivo no plantea problemas, salvo eventuales irregularidades en el ritmo de las crecientes que pueden causar pérdidas de la cosecha.
En el resto de las tierras amazónicas, situadas en los espacios interfluviales llamados alturas –o con el término brasileño terra firme–, la situación de la productividad es otra. Son arenosas, arcillosas o franco-arenosas-arcillosas y se caracterizan por una delgada capa orgánica, alto grado de acidez, saturación de aluminio y baja concentración de bases cambiables. La fertilidad, de la que se beneficia la horticultura, es menos resultado de los nutrimentos disponibles en el suelo, que de la quema de vegetación boscosa tumbada. Esta fertilidad debe reconstituirse a través de la regeneración de la vegetación parada en la fase de barbecho, después del abandono de la chacra, si se quiere cultivar nuevamente la misma parcela. De ahí el actual sistema rotativo, caracterizado por cierta fragilidad en la medida en que está expuesto al peligro de la aceleración del ritmo y el recorte de la fase de barbecho como consecuencia del eventual aumento demográfico de una comunidad. Si la vegetación parada se corta en estado juvenil –cinco años–, no aporta la misma cantidad de nutrimentos al suelo como un bosque secundario más maduro –entre quince y veinte años. Desde luego, si la fase de regeneración se recorta regularmente, la productividad de la chacra disminuye en desmedro de la alimentación familiar y, eventualmente, de la comercialización. Las técnicas de cultivo indígenas y las especies vegetales con sus variedades que les están asociados, ilustran la amplia gama de soluciones que los pueblos amazónicos han encontrado —por medio de la observación, el ensayo y el intercambio— para obtener el mayor provecho de un recurso con serias limitantes, los suelos de altura de la Amazonía. En buena medida, las civilizaciones amazónicas autóctonas han subsistido gracias al manejo de un alto grado de diversidad vegetal en las chacras. Los sistemas de cultivo mixto y de policultivo tienen una serie de ventajas como procurar una alimentación diversificada gracias al gran número de especies y variedades sembradas, además, la mezcla restringe la multiplicación de plagas y enfermedades. La arquitectura vegetal estratificada y la densidad del follaje controlan la radiación solar, la temperatura, la humedad y las malezas, también reducen la erosión del suelo bajo lluvias torrenciales. Los sistemas indígenas seminómadas, por su rotación de largo plazo, permiten la regeneración del bosque en lapsos de cincuenta hasta cien años. Los sistemas bosquesinos rotativos, cuando se benefician de un equilibrio demográfico, protegen el bosque primario. De allí resulta una tercera ventaja, a pesar de más de siete mil años de prácticas hortícolas indígenas, el bosque amazónico de altura se ha conservado en todas las regiones donde predomina el modo de explotación hortícola bosquesino y que no fueron alcanzadas por carreteras, frentes de colonización o la expansión urbana. Tipología El manejo de purmas, o el proceso de regeneración, fue estudiado en detalle entre los indígenas Bora en el río Ampiyacu en Perú, lo cual sirvió para caracterizar las practicas indígenas como agroforestería. Sin embargo, escasa atención se ha prestado a las prácticas hortícolas que constituyen la primera fase de los sistemas agroforestales. Las ventajas alimenticias y agronómicas, así como los favorables efectos ecológicos del cultivo mixto recomiendan que se profundice el conocimiento de esas modalidades. Los estudios sobre horticultura indígena sugieren establecer una tipología de los policultivos o cultivos mixtos. Llamamos policultivo en manchales a las chacras cuya diversidad vegetal se manifiesta como un mosaico de manchas monoespecíficas de cultivos; el término manchal en el dialecto español de la Amazonía peruana designa un lugar del bosque donde están agrupados individuos de árboles de la misma especie; por ejemplo, un manchal de cedro. Mientras que el término de cultivos mixtos designa a las chacras en las que aparecen mezclados o entresembrados al menos tres diferentes cultivos. Un ejemplo de policultivo en manchales son las chacras de los indígenas Candoshi del río Nucuray que siembran en círculos concéntricos, en el centro maní, yuca dulce en el primer circulo, maíz en el segundo y plátanos en el anillo exterior. Otros ejemplos de este tipo son las chacras de los indígenas Yukuna-Jarechina, las de los Yanomamö, los Mundurucú y los Awa-Cuaiquier de la vertiente pacífica de los Andes colombianos. Un subtipo lo representa el policultivo en manchales biespecíficos tal como aparece predominantemente entre los Ka’apor. El cultivo mixto se observa entre los indígenas Waika de Ocamo. También existe un subtipo de cultivo mixto en manchales en el que se combina un mosaico de manchas con distintas asociaciones pluriespecíficas, el cual se encuentra entre los Amuesha, quienes reparten las diferentes asociaciones en función de niveles de altura, los Secoya y los Yekuana. La anterior tipología, cuya función es guiar en la observación y descripción de las chacras, se trata de tipos predominantes y no forzosamente exclusivos. Así, las chacras de los Mundurucú –tipo policultivo en manchales– tienen de cinco a ocho manchales monoespecíficos, además de un manchal biespecífico grande en el centro –yuca y ñame– y un manchal pluriespecífico en forma de anillo en el contorno. La chacra de los Ka’apor –subtipo policultivo en manchales biespecíficos– contiene ocho manchales con asociaciones biespecíficas, pero también incluye cuatro monoespecíficos –entre ellos la yuca que cubre aproximadamente la mitad de la chacra– y uno mixto con tres especies. En cambio, la chacra yekuana –subtipo cultivo mixto por manchales– tiene cuatro asociaciones triespecíficas que cubren la mayor superficie, tres manchales biespecíficos y siete manchas monoespecíficas de pequeña extensión. En particular, esta tipología puede servir para dar cuenta de la complejidad del sistema de las chacras kayapó, un círculo exterior sembrado en cultivo mixto, uno interior sembrado de maíz en monocultivo que se reemplaza después de la cosecha por un policultivo biespecífico –yuca y batata dulce– y el centro sembrado en monocultivo de batata dulce o policultivo de sus variedades. El sistema de las chacras achuar es un cultivo mixto en la mayor parte de la superficie –yuca, ñames, taros, batatas dulces, calabazas, papayas, barbasco, etcétera– con manchales monoespecíficos de frijol y maní, el conjunto está rodeado en el lindero de la chacra por un cinturón monoespecífico de plátanos; según Hecht y Posey, entre los tipos extremos, el monocultivo en manchales y el cultivo mixto, “no existen grupos de plantas especialmente asociadas entre sí”. En el manejo de la diversidad pueden distinguirse dos niveles: el de especies y el de variedades. En 1983, al estudiar las chacras aguaruna y huambisa, Boster observó que la diversidad al nivel de las variedades de yuca era mayor que la exhibida entre las especies cultivadas, pero el grado de ambas era menor al de la diversidad vegetal del bosque. Esto permite relativizar la aceveración de Geertz de que “la chacra imita al bosque”. Boster aduce que las variedades de yuca se distinguen entre si por la forma de las hojas, el modelo de ramificación y el ritmo de crecimiento, y que estos criterios, juntos al gran número de cultivos, son suficientes para justificar que al monocultivo aguaruna o huambisa de yuca se le considere como un policultivo. Es evidente que la anterior tipología se basa en las especies dominantes de la chacra, o en ciertos sectores de ella, y caracteriza un manejo de la diversidad en forma relativamente homogénea. La siembra de una especie –o de sus variedades– o la entresiembra de dos, tres o más especies sobre una superficie. A primera vista, este planteamiento parece contradecir la amplitud de las listas de plantas cultivadas en los pueblos amazónicos (cuadro 1). Aunque es probable que hasta cierto punto, el contraste se deba a elementos metodológicos, diferencias entre diez y ochenta especies cultivadas sugieren que los pueblos amazónicos manejan varios grados de diversidad domesticada en términos de números de especies. Además, la diversidad manejada es mayor si se consideran las especies silvestres que ocasionalmente crecen en las chacras, las cuales son cuidadas en el transcurso de su explotación. |
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Sin embargo, sería erróneo pensar que todas las especies domesticadas se encuentran mezcladas en una chacra y que por tan alta diversidad de especies –y sus variedades–, las chacras imitan al bosque. Una parte de las especies se encuentran casi exclusivamente en huertos caseros –por ejemplo, especias y plantas medicinales– y los árboles frutales a menudo forman pequeños grupos alrededor de las casas. La mayoría de las ochenta especies cultivadas por los Machiguenga se siembran en forma ocasional por ciertos individuos en la vecindad de sus casas. Eso no excluye que algunas especies, en particular los frutales, aparezcan en las chacras, pero dispersos y generalmente son los últimos en sembrarse para preparar la futura purma, y para seguir cosechado durante varios años. También en las chacras de los Huitoto es común que ciertas plantas herbáceas, como los tubérculos, se concentren puntualmente en lugares de mayor fertilidad, por la acumulación de carbón y ceniza o de minerales provenientes de nidos quemados de termitas de tierra. Esto enriquece el inventario de los cultivos observables en las chacras, pero modifica muy poco el grado de homogeneidad mono o pluriespecífico de las asociaciones dominantes.
La diversidad y las asociaciones vegetales de las chacras no son estáticas y evolucionan a lo largo del tiempo, principalmente por las intervenciones de las mujeres cultivadoras. En 1983, Boster encontró que el grado de diversidad en las chacras huambisa era más alto a los trece meses y mínimo a los treinta y seis meses. Cinco años después, Eden mostró una disminución en el número de especies en las chacras huitoto y andoque, comparando chacras de un año con otras de dos o tres años. Estos datos sugieren que la diversidad domesticada en la horticultura indígena es un fenómeno evolutivo, cuyas modalidades pueden variar de un pueblo a otro. El ejemplo Secoya En la comunidad secoya Bellavista –Usewï, quebrada Yubineto– se observa una mayor diversidad de especies alimenticias por la generalización de la siembra de shihuango –arbusto también llamado hoja olorosa– y pijuayo –una palma nativa ampliamente usada en la región– en la mayor parte de la superficie de la chacra. Aunque también se documentó el caso de un monocultivo —plátano— con el propósito de vender el producto a los comerciantes fluviales, lo cual ilustra la tendencia hacia esta práctica inducida por el mercado, fenómeno que se observa en muchos lugares. Las chacras secoya son del tipo cultivo mixto por manchales y asocian, por un lado, yuca –yuca venenosa y yuca dulce–, maíz, shihuango, achiote y pijuayo, y por el otro, maíz, plátano y eventualmente yuca, pero en menor densidad. Estas asociaciones cubren la totalidad de la chacra y su patrón de siembra se determina por las distancias intra e interespecíficas que separan los individuos sembrados. El control visual que los Secoya ejercen sobre las distancias entre los individuos de una o de diferentes especies en el momento de la siembra es lo que permite hablar de un patrón de siembra conscientemente manejado. En la primera asociación, la siembra de cada especie e individuo procede en función de la localización de las que fueron previamente sembrados. Comienzan plantando caña de azúcar a lo largo de algunos troncos, después siembran plátano agrupados en las secciones mejor quemadas y abonadas de la roza. Las estacas de yuca, plantadas unos días más tarde, evitarán los manchales de plátanos –o, en caso de mezclarse con los plátanos, serán sembradas en mayores distancias y menor densidad– y posteriormente orientarán la ubicación de los hoyos del maíz, cuya distancia intraespecífica es regularmente mayor que la de la yuca. Más tarde, cuando los brotes del maíz han germinado, se siembra el shihuango lejos de la yuca, cuyo desarrollo la llevará a competir en un año o año y medio, mientras que el maíz será eliminado por cosecha aproximadamente tres meses después. Los hoyos del shihuango –estrechamente asociado con achiote– son marcados por un foliolo de cogollo –parte de un brote de hojas apretadas– de la palmera inayuva, permitiendo respetar las distancias intraespecíficas y, junto con otros puntos de siembra en la chacra, orientar la siembra subsecuente del pijuayo. A su vez, sus hoyos orientan la de los últimos cultivos –árboles frutales, piña, hierbas aromáticas, camote, sachapapa, ayahuasca y al final, tabaco. En ocasiones, el pijuayo se siembra por pares para garantizar que siempre quede una planta ante eventuales daños causados por roedores o para subir en el tronco de uno y cosechar el racimo del otro cuando tenga espinas. Al sembrar por pares, el foliolo se planta a media distancia entre los hoyos, la cual es mayor que entre los hoyos de pijuayos sembrados uno por uno.
En la densidad de la siembra se observan diversas variantes individuales. En la primera asociación son densamente sembradas las chacras pluriespecíficas, mientras que en la segunda, la densidad es mayor cuando se incluye la yuca, acercándose a la del cultivo mixto. Sin embargo, la homogeneidad de ambos patrones de siembra puede perturbarse por el cultivo de especies escasas, cuyo lugar obedece a criterios distintos del de la distancia de siembra, como puede ser la cercanía de troncos y cepas o la presencia de carbón y ceniza, ambos ligados a la fertilidad. A lo largo y en ambos lados de gruesos troncos tumbados en la chacra, se siembra la caña de azúcar para que al crecer se acuesten sobre ellos y no se arrastren por el suelo, además aprovechan el abono que les procura la lenta descomposición de los troncos. Las sachapapas, los camotes y las aráceas se entierran al final del verano, cuando las primeras lluvias suavizan la tierra, en sitios bien quemados de la chacra. De igual modo se procede con la especie de ayahuasca llamada ayahuasca de pescado y en un lugar similar, ocasionalmente junto con los plátanos, se siembra el tabaco como último cultivo para que no sea pisoteado en los trabajos cotidianos de la chacra. Algunos árboles frutales como la uvilla y el caimito, así como dos especies de ayahuasca, se plantan cerca de tocones que abonan la planta, pero en el caso de las últimas, son más altos para ofrecer un soporte a estas especies rastreras. La piña también aparece entresembrada en la chacra, preferentemente en las partes arenosas. La topa, un árbol adventicio, se permite que crezca aisladamente porque los niños fabrican juguetes con su madera y su corteza sirve de recogedor de basura y tapiz de asiento para las mujeres menstruantes. Eventualmente, lo mismo ocurre con el cetico, otra especie adventicia, que procura el material para confeccionar una corona pintada y un juguete. La siembra de algunos cultivos herbáceos parece obedecer al criterio del azar, la coconilla se come y sus semillas se escupen en la chacra inmediatamente después de la quema, y tres especies herbáceas aromáticas –perfumes– se colocan en cualquier lugar de la chacra. En resumen, el manejo de la diversidad domesticada en las chacras secoya puede caracterizarse como una combinación de tres criterios: primero, dos patrones de siembra relativamente homogéneos crean dos tipos de asociaciones vegetales de cultivos mixtos que cubren la totalidad de la chacra; segundo, la presencia de lugares de mayor fertilidad –carbón, ceniza, troncos, tocones– donde se siembra una serie de cultivos más exigentes, los cuales esporádicamente enriquecen los cultivos mixtos homogéneos; y por último, el azar para la siembra de un pequeño grupo de cultivos, sobre todo herbáceos. La aplicación de estos criterios produce una chacra en aparente desorden, pero cuyo orden subyacente revela la racionalidad de manejo de la diversidad domesticada en chacras de cultivo mixto por manchales. La presencia de plantas de diferentes especies arbóreas en las chacras, como la uvilla, el caimito, la guaba y el pijuayo o de especies de lianas como el ayahuasca, así como de árboles adventicios como el cetico y la topa, que por razones culturales no son eliminados, prepara la formación vegetal secundaria del estadio subsecuente, la purma, la cual se enriquecerá a su vez con el crecimiento de árboles del bosque primario. La sucesión de estos estadios forma un sistema hórtico-forestal que favorece en el mediano y el largo plazo la regeneración del bosque. Síntesis Es probable que racionalidades de naturaleza afín, aunque basadas en criterios distintos, orienten la siembra en los diferentes tipos de policultivo y cultivo mixto observados en otros pueblos indígenas. Una tarea recomendable sería someter las prácticas hortícolas bosquesinas –indígenas y mestizas– a un riguroso examen con el objetivo de recabar los diversos criterios que influyen sobre los patrones de siembra, como las asociaciones conscientemente formadas, las distancias intra e interespecíficas, los criterios edafológicos y otros que puedan descubrirse, incluso el grado de indiferencia al que nos referimos con el término de azar. Así, en relación con una producción que satisface las necesidades del bosquesino, se constituiría un corpus de conocimientos horticulturales viables. Éstos, no sólo merecen una evaluación científica que fundamente sus ventajas o eventuales deficiencias en términos agronómicos, sino también deben complementar las propuestas productivas hortícolas elaboradas en centros de investigación. La combinación del conocimiento bosquesino y el científico permite formular alternativas tecnológicas que pueden recomendarse a los horticultores inmigrantes de la Amazonía: los campesinos andinos en la Amazonía ecuatoriana, peruana y boliviana, los llaneros en Colombia o los inmigrantes del Nordeste de Brasil. El interés por los sistemas de cultivo bosquesinos no se justifica sólo por los beneficios que pueden aportar a los colonos. En la actualidad, uno de los mayores retos de muchos bosquesinos consiste en aumentar la productividad y orientarla hacia productos que prometen mayores ingresos, sea por tener particular acogida en el mercado –como los productos orgánicos–, o por ser susceptibles de crear nuevos mercados. Pero las aspiraciones por mejoras económicas acentúan la tendencia hacia modificaciones en los sistemas hortícolas tradicionales. La evaluación agronómica de las prácticas hortícolas bosquesinas puede revelar cultivos, asociaciones vegetales y patrones de siembra particularmente ventajosas que significarían mejoras productivas si fueran difundidas entre los bosquesinos amazónicos que las ignoran. Aún en el caso de los pueblos que han alcanzado un alto grado de sofisticación en el uso hortícola del bosque y que aspiran estrechar los vínculos con el mercado, el estudio de sus prácticas y racionalidad tiene un alcance significativo. El conocimiento y la valoración de las técnicas aplicadas in situ por el bosquesino deben ser la base sobre la que se introducen las innovaciones. La comprensión de sus prácticas y conocimientos es indispensable para fomentar el desarrollo en la población rural selvática, aprovechando los recursos humanos disponibles en toda su dimensión técnica y cognitiva.
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Jorge Gasché
Équipe de Recherche en Ethnologie Amérindienne,
Centre National de la Recherche Scientifique, Francia.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
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Referencias bibliográficas
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Descola, Ph. 1989. La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar. Abya-Yala, Quito.
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Jorge Gasché es encargado de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique, Paris y miembro de l’Équipe de Recherche en Ethnologie Amérindienne. Realizó sus estudios en la Universidad de de Bâle en Suiza y en París, donde obtuvo una licenciatura en Letras en la Sorbonne y dos diplomas (ruso y polaco) en la escuela de Lenguas orientales vivientes. Adquirio su formación de antropólogo en l’École des Hautes Études (VIe section) y en el Centre de Formation à la Recherche Ethnologique (Musée de l’Homme). Coordinador de un programa de Gestión Territorial en las comunidades de la Amazonía peruana.
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como citar este artículo → Gasché, Jorge. (2006). La horticultura indígena amazónica. Ciencias 81, enero-marzo, 50-57. [En línea] |
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| Servicios ambientales en Costa Rica mercados y privatización de recursos |
Se presentan algunas características del Sistema de Pago por los Servios Ambientales (psa) de Costa Rica, se exponen algunos ejemplos de las actuales tendencias en la creación de mercados de servicios ambientales y se analizan las posibles amenazas para el desarrollo de un sistema de psa ambientalmente sano y socialmente justo y participativo.
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Javier Baltodano
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La severa deforestación ocurrida en la mayor parte del territorio costarricense, entre las décadas de los años setentas y los noventas, provocó que el Estado aplicara una serie de medidas, al inicio de los años ochentas, para propiciar la recuperación de la cubierta arbórea en terrenos privados. Esto porque setenta y tres por ciento del territorio se encuentra bajo la modalidad de propiedad privada; del resto, doce son áreas de parques nacionales, diez tiene algún estatus de conservación y cinco son territorios indígenas.
En 1996, la Ley forestal 7575 renovó el concepto básico que sustentaba el modelo de incentivos forestales que desde hacía poco menos de dos décadas operaba en el país. Probablemente por las teorías neoliberales en boga, esos incentivos se convirtieron en Pago por los Servicios Ambientales (psa) que el bosque o las plantaciones forestales brindan a la sociedad costarricense. Fue una forma de distribuir, entre los habitantes del país, el costo implícito que tiene para los propietarios privados mantener la cobertura arbórea en sus tierras. La ley le asignó un papel preponderante en la distribución de esos fondos a la conservación del bosque y le proporcionó, al hasta entonces famélico presupuesto de los incentivos forestales, una sólida propuesta de financiamiento nacional de pago de servicios ambientales sustentada en un sustancioso porcentaje –alrededor de tres y medio por ciento– del impuesto selectivo sobre los hidrocarburos.
Para el desarrollo y la administración del sistema de psa la ley creó el Fondo nacional de financiamiento forestal (Fonafifo), una institución pública que en sus ocho años de existencia logró consolidar un sistema novedoso y funcional, al menos en términos burocráticos y técnicos, de pago de servicios ambientales. Así, el sistema de psa costarricense nace y se desarrolla como una herramienta política, técnica y financiera del Estado para planificar y ejecutar la estrategia de conservación de recursos vitales –biodiversidad, bosques, agua, etcétera– en áreas privadas. Pero desde su inicio, el sistema está sujeto a presiones ideológicas que pretenden inclinarlo hacia una posición mercantilista, orientada por el espejismo de los mercados y la privatización de servicios ambientales. El Fonafifo, desde su nacimiento, fijó su atención en los fondos provenientes de la venta de créditos de carbono por medio de los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto. De hecho, en los contratos de psa que el Fonafifo establece con un propietario privado de bosque o de plantación, deja explícito su propiedad y su derecho de negociar el carbono fijado o almacenado. Asimismo, desde 1997 inicia el proyecto ecomercados, mediante el cual el Banco Mundial ha insertado una vena ideológica de creación de mercados en el sistema de pago de servicios ambientales costarricense.
¿Cuáles servicios ambientales se pagan? Entre los servicios ambientales que brinda la cobertura forestal de cualquier terreno al país, el Estado reconoce la conservación de la biodiversidad, de las cuencas y recursos hidrológicos, el intercambio gaseoso –sumidero de bióxido de carbono– y los valores estéticos. Sin embargo, no se ha establecido en forma precisa la distinción entre tipo de cobertura –bosque manejado, plantación forestal, bosque primario o secundario– y la cantidad o calidad de servicios que brinda, de modo que los montos se definen según los que fueron fijados en anteriores experiencias de incentivos forestales.
Los servicios ambientales se pagan en contratos de cinco años para tres modalidades: conservación de bosque, reforestación y sistemas agroforestales. Paradójicamente, durante los primeros años del psa se extendió la práctica de pagar por la tala selectiva del bosque tropical. Es decir, al propietario que tala el bosque en forma “sustentable”, se le otorga una suma de dinero superior que al que lo conserva. Este vicio, enérgicamente cuestionado por el sector ecologista con una intensa campaña de denuncia sobre sus impactos y sus irregularidades legales y técnicas, finalmente se eliminó por decreto ejecutivo en el 2002.
En promedio, Costa Rica ha destinado entre siete y ocho millones de dólares por año al pago de los servicios ambientales. De este monto, alrededor de tres cuartas partes se invirtió en el psa por conservación de bosque; el resto, en el establecimiento de plantaciones de monocultivos y tala selectiva del bosque. Recientemente, contribuyeron con los fondos de psa el Banco Mundial –mediante un crédito solicitado a través del proyecto ecomercados–, el Fondo Mundial para el Ambiente (gef) y el banco Alemán KFW. Logros, potencial y limitaciones del psa En los últimos años se intensificó la discusión sobre los logros del psa en Costa Rica. Por un lado, el Fonafifo junto al sector empresarial maderero sostienen que es el responsable de la regeneración de la cubierta forestal del país y que si bien en términos sociales directamente no ha tenido grandes resultados, indirectamente beneficia a la industria forestal, la cual es una importante contratista de mano de obra en las zonas rurales. Por otro lado, un estudio del propio Fonafifo en 2002 concluyó que el psa no contribuye en la reducción de la pobreza en las zonas rurales del país, que la gestión de sus fondos se concentraba en manos de quienes no viven en su propiedad y los montos representaban un pequeño complemento de sus percepciones producto de actividades empresariales o profesionales. Otro estudio, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica en 2003, es más enfático al concluir que el psa no tiene impacto en el mejoramiento de los servicios por los cuales se paga. Argumentan que en Costa Rica el bosque secundario se ha regenerado por la reducción del precio en los mercados mundiales de la carne, con lo que disminuyó la expansión de pastizales. Por otro lado, coinciden con el sector ecologista al señalar que las plantaciones de monocultivo no brindan de manera integral los servicios por los cuales se paga, y que a pesar de que la ley que rige el psa es clara en prohibir el pago a propiedades mayores de 300 hectáreas en un año, recurrentemente se han sometido al sistema grandes extensiones, 300 hectáreas cada año, o simplemente dividen sus propiedades entre varios nombres jurídicos y de esa forma las someten al psa en un mismo año. En todo ese tiempo, el sector ecologista mantuvo una relación cautelosa con el sistema psa. Reconocemos el potencial que tiene como herramienta para canalizar recursos hacia los propietarios de bosques. Decidir por ley utilizar un impuesto sobre los combustibles para incentivar la conservación de bosques es un signo positivo y de buena voluntad. Pero en no pocas ocasiones señalamos los vicios y tendencias del sistema, como el hecho de que el Fonafifo esté controlado mayoritariamente por el sector maderero. El psa sigue arrastrando el lastre conceptual de los incentivos forestales y como tal una buena porción se dedica, sin mayor fiscalización, a subvencionar las plantaciones de monocultivos, que tienen un impacto negativo sobre los servicios por los que se paga. Restringir al psa a su carácter mercantilista, donde el bosque es sólo una mercancía, representa una seria amenaza para la construcción de una relación más sana entre sociedad y bosque.
Por eso, el ecologismo costarricense trata de incidir en la definición de políticas y en la gestión de modelos de uso del psa, que sean ambientalmente más sanos y socialmente más justos y permitan convertirlo en un estímulo que motive y facilite la apropiación y el control del recurso forestal por parte de las comunidades locales, y en una herramienta de restauración de bosques en áreas de biodiversidad degradada. En la gestión y organización alrededor de los recursos del psa, conjuntamente con organizaciones campesinas e indígenas se han desarrollado experiencias novedosas de control y conocimiento comunitario del recurso forestal y de restauración del bosque tropical. Al menos en tres campos el sector ecologista trabaja en estrecha alianza con estas organizaciones: proveer información y capacitación en la gestión de recursos psa; monitorear los bosques campesinos, diseñar y desarrollar programas de control de cacería y tala ilegal, e identificar especies de fauna y flora para mejorar la comprensión y valoración de los recursos del bosque; y en la sistematización de experiencias de restauración de bosques para sustentar una propuesta alternativa de producción de madera. Actualmente, como en muchos otros temas de discusión nacional, el psa enfrenta la disyuntiva de consolidarse como una herramienta honesta, que cumpla con el objetivo de conservar el bosque y su diversidad, mejorar el estado de las cuencas hidrológicas y fortalecer a las organizaciones locales con sus conocimientos y capacidades en el uso y control del recurso forestal, o prevalece su carácter mercantilista subordinándose a la lógica del mercado y acrecentando el control de las grandes empresas sobre los recursos vitales o simplemente sumergiéndose en el espejismo de los mercados del carbono. Algunos sectores políticos, tanto nacionales como internacionales, empujan fuertemente en esa dirección. Sin embargo, no es claro ni exitoso lo que han avanzado. El Proyecto Ecomercados El Proyecto Ecomercados, iniciativa de financiamiento del sistema psa ejecutado por el gobierno de Costa Rica, recibió en el 2001 un crédito del Banco Mundial y una donación del Fondo Mundial para el Ambiente (gef) para “apoyar el desarrollo de mercados y proveedores de servicios ambientales ofrecidos por los bosques privados”. Es decir, comercializar globalmente servicios relacionados con la conservación de la biodiversidad, la mitigación de gases invernadero y el manejo de recursos hidrológicos. La idea básica era buscar fondos para oxigenar al sistema psa, independizarlo del paupérrimo presupuesto nacional, mientras se desarrolla un mercado internacional de servicios ambientales. Si bien tenía cierta lógica la forma en que se diseñó y se planteó el proyecto, también presentaba importantes amenazas para la honestidad y el buen desempeño del psa. En una época en la que se discute sobre los recursos vitales en todo el mundo, los propósitos de crear nuevos mercados de servicios ambientales, créditos de carbono y protección del agua plantean serias interrogantes. Por ejemplo, que un país asuma el costo de proteger y mantener su biodiversidad es totalmente justificable en términos de seguridad alimenticia, salud y relación ética con el entorno. Pero, crear mercados de los servicios que proporciona conduce a preguntarnos ¿quiénes los compraran y qué derechos adquieren sobre la biodiversidad nacional?, ¿cuál es la relación entre ese mercado y la soberanía nacional? En el caso de la protección y regulación de recursos hidrológicos se justifica una estrategia nacional, que incluya sus costos y su apropiada distribución entre los distintos usuarios. Sin embargo, un mercado libre plantea interrogantes similares. Justamente una de las tímidas experiencias en la generación de estos mercados, los certificados de servicios ambientales, está relacionada con la compra de estos servicios por parte de empresas hoteleras en zonas donde empieza a escasear el agua y en donde se agudizan dramáticamente las contradicciones relativas a su uso entre las grandes demandas de los hoteles de lujo y las necesidades básicas de las comunidades locales. Con el carbono, la situación presenta matices diferentes. Por un lado, los mercados no solucionan la enorme amenaza del cambio climático y su desarrollo representó un lastre en las negociaciones del Protocolo de Kyoto. Por el otro, los mecanismos y las reglas para definir los créditos de carbono tienen severas limitantes para su cumplimiento. Cuatro años después de iniciado el proyecto ecomercados, las iniciativas para crear mercados no fructifican. Hasta agosto del 2004 se habían gestionado alrededor de seis grandes proyectos de emisión de certificados o bonos de carbono y biodiversidad en el mundo, pero todos estaban en sus fases preliminares de diseño y discusión. En Costa Rica la situación es similar, se gestan recursos mediante emisiones de bonos de servicios ambientales, se tienen conversaciones con cinco o más empresas –incluyendo hidroeléctricas, agrícolas, turísticas y de servicios públicos– y se estableció una emisión de bonos para el noroeste del país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido ningún fondo. Los mercados de créditos de carbono La creación de los mecanismos de desarrollo limpio en el Protocolo de Kyoto generó gran expectativa en algunos gobiernos de países fuera del Anexo 1 del Protocolo –los que no tienen la obligación de reducir emisiones–, especialmente aquéllos ubicados en zonas tropicales. Se abría la posibilidad de atraer inversiones y recursos por medio de mercados de créditos de carbono emanados de proyectos de reforestación y de plantación forestal. Costa Rica se situó en la vanguardia de este grupo al desarrollar las condiciones técnicas y organizativas para ser anfitrión de ese tipo de proyectos. Por ejemplo, su experiencia técnica en el financiamiento mediante incentivos para el establecimiento de más de 130 000 hectáreas –alrededor de tres por ciento de su territorio– de monocultivos de árboles durante los últimos veinte años, la operación desde 1996 de un modelo de pago de servicios ambientales que ahora cuenta con herramientas técnicas para el monitoreo y seguimiento de proyectos de reforestación, y la conservación permanente de bosques en áreas de propiedad privada. Aunado a esto, aprovechó la fase piloto de proyectos de implementación conjunta y para 1998 contaba con nueve de los veintiún proyectos aprobados en países en vías de desarrollo. A pesar de esta experiencia, estudios recientes mostraron que algunas de las condiciones del Protocolo de Kyoto y la declaración ministerial de Marrakesh –Conferencia de las partes, en 2001– para proyectos de reforestación y plantación forestal son difíciles, sino es que imposibles, de cumplir y en ciertos casos su cumplimiento se basa en supuestos poco verificables. Entre estos, la definición de áreas kyoto y la determinación del potencial de fijación de carbono presentan serias inconsistencias. Además, los métodos de contabilidad del carbono son complejos y tienen serias limitaciones. Por otra parte, según estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) sería necesario disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en una cantidad muy superior a lo estipulado en Kyoto para lograr un impacto significativo en la reducción del calentamiento global durante los próximos cien años. Además, el Protocolo introduce herramientas imprecisas cuando se trata de cuantificar su impacto sobre la reducción del efecto invernadero. Más aún, los mecanismos de desarrollo limpio son inciertos en relación con su efectividad y su discusión retardó la negociación del Protocolo de Kyoto. El desarrollo de los mercados de crédito de carbono conlleva importantes cuestionamientos éticos. En Costa Rica, se ha estimado que estos mecanismos podrían generar suficientes fondos para duplicar el área de plantaciones, pero también se demostró ampliamente que el monocultivo forestal, que más bien es una actividad lucrativa, frecuentemente daña los servicios por los cuales se paga –protección del suelo, del agua y conservación de la biodiversidad. Peor aún, la aplicación de modelos de contabilidad de carbono para proyectos de desarrollo limpio señala que la rentabilidad se logra a partir de proyectos grandes que involucren miles de hectáreas, aunque también influyen las condiciones y el modelo aplicado. Para Costa Rica, donde el tamaño promedio de las fincas ronda las sesenta hectáreas por familia, implica una amenaza de concentración de la tierra.
Otro posible mercado de créditos de carbono, impulsado por Estados Unidos y el Banco Mundial como una alternativa, es el fondo prototipo de carbono, el cual todavía es más cuestionable éticamente porque nace de la no ratificación del Protocolo de Kyoto, y la contabilidad del supuesto carbono fijado es aún más laxa. Certificados de servicios ambientales Con los certificados de servicios ambientales, Fonafifo trata de impulsar el mercado nacional o internacional ofreciendo tres beneficios básicos: asegurar la producción de servicios ambientales básicos para el funcionamiento de la empresa, la inversión es canalizada directamente hacia las zonas donde se generan los recursos o servicios de interés; proporcionar una atractiva imagen a la empresa por su colaboración en la protección de bosques; deducir del impuesto de la renta bruta la inversión realizada como gasto de operación. Se pretendía con ello atraer inversiones, tal es el caso de la emisión de certificados del Pacífico seco, región ubicada al noroeste de Costa Rica donde el agua ya es motivo de polémicas y una limitante para los grandes proyectos agrícolas o turísticos. Estos certificados están disponibles para empresas que quieran proteger los bosques relacionados con cuencas hidrológicas. Hasta el momento la negociación más avanzada se desarrolla con la empresa Desarrollo Hoteleros del Guanacaste –hotel Meliá Conchal–, que tiene conflictos con las comunidades vecinas por las enormes necesidades de agua que demanda, la perciben como una amenaza para sus acuíferos. La empresa compró tierras en zonas de recarga acuífera como estrategia para enfrentar este conflicto y para someterlas al psa, con lo que es probable que sean financiadas con fondos de los certificados de servicios ambientales que piensa adquirir. Este ejemplo ilustra cómo los mercados de servicios ambientales pueden convertir al sistema psa en una herramienta de control de recursos vitales por parte de las grandes empresas, desviándolo de sus objetivos de conservar la biodiversidad, el agua y otros recursos hacia los intereses de quienes lucran con ellos y tienen los fondos para comprarlos.
A modo de conclusiones A pesar de sus deficiencias o del marco ideológico que lo sustenta, el sistema de psa en Costa Rica básicamente es una valiosa herramienta mediante la cual la sociedad busca canalizar recursos desde los sectores que consumen petróleo hasta las áreas rurales más pobres. Esto con el propósito de promover y administrar en forma equitativa, justa e integral la generación y mantenimiento de servicios ambientales vitales. Hasta ahora, el éxito es dudoso, pero en términos sociales y ambientales tiene un gran potencial para motivar y generar experiencias de valoración, control y gestión de los múltiples recursos del bosque tropical. De hecho, muchas organizaciones locales, tanto campesinas como indígenas, se han fortalecido con los recursos de este sistema. Por esto, es importante evidenciar el propósito de ciertas instituciones financieras internacionales y algunos sectores del gobierno de liberalizar el psa para que abandone su carácter de herramienta política que facilita la administración, promoción y desarrollo de servicios ambientales en forma integral y equitativa, y usarlo como herramienta en los procesos de privatización de la vida, del agua y de otros recursos. En el marco del tratado de libre comercio con los Estados Unidos se acentúa la amenaza de apertura de mercados de servicios ambientales. Los servicios de agua y la biodiversidad se comercializarán sin tener claro como nación la relación entre el que paga por el servicio y el nivel de apropiación del mismo. Desde el sector ecologista seguiremos empujando para que el psa evolucione hacia un sistema ambientalmente sano y socialmente justo, que se independice de los viejos esquemas de subvención o incentivo a plantaciones de monocultivo y se consolide como herramienta en la lucha contra la pobreza rural. Insistiremos en evitar la concentración de sus recursos por parte de grandes terratenientes y en facilitar su tramitación a las organizaciones locales campesinas e indígenas. Finalmente pugnamos para que se complemente con procesos de capacitación e investigación participativa sobre los bosques y sus recursos.
Estamos concientes de que tiene que consolidarse el financiamiento del psa y que deben buscarse fuentes alternativas que sean sólidas y estables. La intención de financiarlo mediante la creación de mercados de servicios ambientales no pasa de ser un espejismo. El proyecto ecomercados, en su cuarto y penúltimo año, no ha generado un contrato de certificados de servicios ambientales en el país. Sin embargo, ante la inminente aprobación del Protocolo de Kyoto, los mercados de carbono se convierten en uno de los de más rápida expansión, erigiéndose en una amenaza sobre la honestidad y buen desempeño del psa en Costa Rica. Este sistema no debe ser la antesala de la privatización de recursos. Al contrario, su financiamiento y administración debe mantener su carácter nacional y para ello es necesario buscar fondos honestos. Existen varias oportunidades, entre ellas la aplicación justa y equitativa de un código sobre el uso del agua y el reconocimiento por parte de los países industrializados de la gran deuda ecológica que han acumulando con el sur. |
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Javier Baltodano
Coecoceiba-Amigos de la Tierra,
Costa Rica.
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Referencias bibliográficas
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Pedroni, L. y B. Locatelli. 2002. Contabilidad de créditos para carbono forestal: métodos e implicaciones. Análisis de Opciones del mdl. Presen-tación en el Taller minae-ocic.
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Javier Baltodano es miembro del grupo de Revisión de Políticas de Certificación del Consejo de Manejo Forestal y de la Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (Coecoceiba), Amigos de la Tierra, Costa Rica. Biólogo por la Universidad Nacional de Costa Rica y Maestro en Ciencias con especialidad en Desarrollo rural por Universidad de California, Davis en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa de Bosques de Amigos de la Tierra Internacional.
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como citar este artículo → Baltodano, Javier. (2006). Servicios ambientales en Costa Rica, mercados y privatización de recursos. Ciencias 81, enero-marzo, 36-43. [En línea]
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| Incendios forestales |
Se describen los principales elementos que intervienen para que se genere un incendio forestal –combustibles, variables metereológicas y de relieve– y se analizan los requisitos para intregrarlos en modelos para evaluar situaciones reales de vulnerabilidad y riesgo de incendios forestales.
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María de Lourdes Villers Ruíz
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El fuego tiene un papel relevante en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas terrestres, pero cuando se propaga sin control en selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o semiáridas, contribuye directamente en el incremento de bióxido de carbono en la atmósfera y en la deforestación, con sus consecuencias como la erosión de los suelos o el cambio en la estructura y composición de los bosques. Los incendios forestales son sumamente variables, sin embargo, se han distinguido tres tipos que implican diferentes grados de daño en los ecosistemas: los superficiales, donde el fuego consume los combustibles que se encuentran sobre el suelo como hierbas, zacates, leñas, hojarascas, sin quemar todo el cuerpo de los árboles; los subterráneos, el fuego quema el mantillo y raíces bajo la superficie del suelo o la materia orgánica acumulada en las fracturas de grandes afloramientos de roca –malpaís–; y por último, los incendios de copa o corona, poco frecuentes en México, en los cuales el fuego consume completamente a los árboles y se propaga tanto de copa en copa como superficialmente. Cabe señalar que la presencia de este tipo de incendio, peligroso y difícil de controlar, se incrementa bajo condiciones extremas de sequía como las experimentadas en 1998.
Desde la década de los años sesentas, los distintos enfoques de los estudios sobre los incendios forestales en México básicamente contemplan tres aspectos: los efectos del fuegos en los ecosistemas forestales, las actividades de prevención y combate divididas en las operativas y en el desarrollo de índices de comportamiento y riesgo de incendios, y el uso del fuego como herramienta silvícola y pastoril. Actualmente, el manejo del fuego, que comprende al menos los dos últimos aspectos, implica indagar sobre las interrelaciones entre los combustibles, el ambiente y el fuego. En este marco, se han desarrollado modelos de simulación para entender el comportamiento del fuego y tratar de responder preguntas como ¿cuándo se producirá?, ¿dónde se producirá?, ¿cómo se desarrollará? La construcción de modelos para evaluar situaciones reales de vulnerabilidad y riesgo requiere considerar, además de los elementos necesarios para la combustión, la historia ambiental del lugar y el tipo de manejo al que están sometidos los bosques, por esto la componente social resulta ser muy importante. En estos estudios, se analiza el régimen de incendios o las frecuencias de los siniestros, incluyendo la extensión dañada en eventos anteriores. Se incorporan todas las variables biofísicas que influyen en estos fenómenos –combustibles, meteorológicas y de relieve. También la vulnerabilidad socioambiental, áreas que sufrieron mayores cambios de cobertura y uso del suelo, sobre todo aquéllas donde se amplió el uso agrícola, se observó mayor perturbación en el bosque por extracción de madera, se abrieron o ampliaron áreas para la inducción de pastos y en zonas con mayor presencia de caminos y brechas, a partir de lo cual emerge otro aspecto importante, la accesibilidad y manejo del recurso.
Algunas características de los incendios forestales hacen que sea especialmente difícil su prevención. Si podemos precisar los elementos que intervienen para que se genere un incendio, eventualmente podremos predecirlo y controlarlo con más fundamentos. En esta dirección, se han definido tres elementos necesarios para la combustión: el oxígeno, el combustible y el calor. Relacionado con éstos, existen otros tres elementos que permiten entender el probable comportamiento del fuego desde un punto de vista espacial: la topografía, la cantidad y calidad de combustible, y el tiempo atmosférico. El combustible es toda biomasa que potencialmente puede arder al ser expuesta a una fuente de calor. Las propiedades químicas que se distinguen están relacionadas con su contenido de calor y con los elementos que emiten a la atmósfera con la combustión. En los incendios forestales estos componentes se atribuyen a la amplia diversidad de material vegetal inflamable que se encuentra en los ecosistemas. La adecuada caracterización de estos combustibles vegetales, de su distribución espacial y de su humedad, así como del tiempo atmosférico imperante en el momento de la combustión son factores críticos o fundamentales para evaluar y predecir un incendio forestal. Asimismo, estos elementos son importantes para modelar su comportamiento sobre el terreno, en cuanto al rango de intensidad del fuego, la tasa de dispersión y la duración encontrada en un ecosistema particular. Los combustibles forestales Por su condición, los combustibles pueden dividirse en vivos y muertos. Los primeros son hierbas, arbustos y árboles, o plantas que se encuentran por debajo de su dosel; la velocidad de propagación del fuego sobre plantas vivas depende de su humedad, con lo que pueden retardarla. Los segundos son los troncos, las ramas y las hojas que normalmente se encuentran sobre el suelo, su cantidad y posición generalmente determina su inflamabilidad y qué tan fácil puede iniciarse y dispersarse el fuego. La condición, el tamaño, la cantidad, el arreglo y el contenido de humedad de los combustibles, son componentes indispensables para saber como se queman. Entre los combustibles se incluye el mantillo, cuya presencia y función ecológica es muy importante –contribuye poco con la biomasa total del combustible pero puede consumirse rápidamente por el fuego en períodos secos–, y la hojarasca que generalmente es muy inflamable porque en períodos secos su humedad desciende rápidamente, muchos incendios superficiales comienzan por este combustible. Otros componentes del suelo son los diferentes tipos de leños, típicos combustibles lentos, que se clasifican por su grosor; por su parte, la inflamabilidad de los frutos –conos o bellotas– y de las semillas depende de sus contenidos de resinas. El peso seco total, llamado biomasa de combustible por unidad de área o superficie, determina la cantidad de combustible. Cuanto mayor sea la acumulación de combustible en una zona, mayor cantidad de calor podrá desprenderse y el incendio podrá ser más intenso. Así, los combustibles pueden ser caracterizarse por su carga; es decir, el peso de biomasa por unidad de superficie del terreno. En principio, se pensaría que los distintos tipos de vegetación presentan distintas cargas y tipos de combustibles. En general, la vegetación en zonas lluviosas, mucha vegetación herbácea, arbustiva y trepadoras, tiene más biomasa y, por lo tanto, mayor carga. La acumulación de combustibles, y el posible incendio resultante, depende de la cantidad de material depositado. También influyen otras propiedades, como la compactación y la continuidad vertical y horizontal sobre el terreno de los materiales. Para ser usada como variable en la evaluación del comportamiento potencial del fuego, la cantidad de combustible debe expresarse por clases de tamaño de los componentes vivos y muertos. La humedad de los combustibles Los combustibles vivos absorben agua del suelo por sus raíces y la transpiran por unas cavidades llamadas estomas, para mantener sus células vivas y con un elevado contenido de humedad, que es la cantidad de agua generalmente expresada en el peso del combustible con respecto a su peso anhidro –seco. Cuando un combustible puede arder por su bajo contenido de humedad se dice que está disponible para la combustión. Los combustibles muertos tienen propiedad higroscópica, su contenido de humedad está determinado por la humedad del ambiente. Esta propiedad es decisiva para la inflamabilidad. En el caso de los combustibles vivos el contenido de humedad varía durante el período vegetativo, el máximo que pueden alcanzar es hasta 300 % de su materia seca y el mínimo, 50 %. En los combustibles muertos, la variación está ligada a los cambios de humedad ambiental y a la rapidez con la que el combustible se equilibra con el ambiente, la cual depende directamente de la relación entre superficie y volumen de los materiales. Cuanto mayor sea la superficie en relación con el volumen de la partícula, más rápidamente será absorbido el calor y su temperatura se elevará. Así, los valores altos en la relación superficie-volumen tendrá un tamaño de combustible pequeño y mayor facilidad de arder que los valores bajos. Los combustibles de diámetro pequeño, como hojarasca, hierbas secas, ramillas secas, etcétera, representan una alta cantidad del combustible disponible. Por ello, también se les llama combustibles rápidos. Los de mayor diámetro conservan más tiempo la humedad y su contribución al combustible disponible es más retardada, son los combustibles lentos. En 1971, el estadounidense Fosberg clasificó el grosor de los materiales según el tiempo que tardan en alcanzar el equilibrio con la humedad ambiental, esta caracterización resultó ser muy provechosa para entender y modelar los incendios. Con base en lo anterior, los científicos denominaron tiempo de retardo –timelag, en inglés– al lapso en que un combustible muerto tarda en perder –cuando el ambiente tiene menor contenido de humedad– o en ganar –cuando es mayor el del ambiente–, dos tercios de la diferencia entre su contenido inicial de humedad y el del ambiente. Conforme el combustible es más grande perderá o ganará humedad más lentamente, tendrá un mayor tiempo de retardo. Por el contrario, si el contenido de humedad es muy elevado no puede producirse la combustión, es lo que se denomina humedad de extinción, la que impide la combustión. En muchos combustibles muertos esta humedad varía entre 25 y 40 %, mientras que en los vivos la variación puede ubicarse entre 120 y 160 %. Durante la época de sequía el último valor puede descender hasta 50 u 80 %. Actualmente, el Sistema Nacional de Peligro de Incendios en los Estados Unidos (nfdrs por sus siglas en inglés) y otros sistemas de predicción de incendios, miden el contenido de humedad de los combustibles para evaluar el peligro, la intensidad y comportamiento de los incendios. Utilizan medidores de humedad de combustibles estandarizados que responden a los cambios del clima para combustibles muertos de diez horas de tiempo de retardo. Estos medidores están compuestos de cuatro trozos de madera descortezada de Pinus ponderosa, con un peso estándar de 100 gramos y un diámetro de 1.2 centímetros y 50 centímetros de largo. La lluvia, la humedad relativa y la temperatura tienen gran influencia sobre los combustibles finos menores de 0.6 centímetros –hojas y acículas–, su rango de humedad es de entre 10 y 20 %, cuando están por debajo del 6 o 7 % se queman, lo cual resulta dañino para las raíces de las plantas e incluso para el suelo. La velocidad de respuesta de los combustibles finos ante cambios de humedad depende de las características de la capa comprendida entre el mantillo y la hojarasca, incluyendo las ramillas que se encuentran sobre la superficie, es lo que los ingenieros forestales definen como la cama de combustibles, cuya profundidad está supeditada a su composición –si son acículas de pino u hojas de latifoliadas– y al grado de compactación de las hojas. Así, diferentes tipos de combustibles pueden alcanzar distintos contenidos de humedad bajo las mismas condiciones ambientales. El tamaño y el volumen de los combustibles se relacionan con el hecho de que puedan arder menos o más fácilmente, o con qué tan rápido podrá avanzar la llama o flama. Por otra parte, cuando los combustibles son continuos horizontalmente, el fuego se propaga mejor que cuando existen espacios sin vegetación. En 1974 Brown y en 1979 McRea y otros, desarrollaron procedimientos muy concretos para hacer inventarios de combustibles sobre la superficie del suelo, tanto vivos como muertos. En estos documentos se describe como realizar el trabajo de campo y estimar la cantidad de material leñoso y la de litter u hojarasca sobre el suelo, o cómo evaluar la cantidad de vegetación herbácea, arbustiva y de árboles en pie. Diversos métodos involucran el conteo y la medición de los diámetros de los leños sobre el piso a lo largo de transectos –recorrido lineal a través de un área para tomar datos en algunos de sus puntos– que parten del centro de dos círculos anidados. Allí, se inventarían árboles de distinto diámetro y se obtiene la cantidad de litter y de vegetación herbácea en cuadros tomando la altura y el diámetro basal de hierbas y arbustos. Topografía Las variaciones en la inclinación de la ladera, la orientación, la elevación y la configuración de la tierra o la microtopografía, pueden causar cambios dramáticos en la conducta del fuego y en su progreso sobre el terreno. La topografía es el parámetro más constante de los tres componentes que permiten entender el probable comportamiento del fuego, y tiene gran influencia sobre los otros dos, los combustibles y el tiempo atmosférico. Generalmente, modifica los patrones del tiempo atmosférico produciendo condiciones que cambian el contenido de humedad de los combustibles. La orientación o cara de exposición de la ladera afecta la conducta del fuego por medio de las variaciones en la cantidad de radiación solar y viento que reciben. En general, las orientaciones sur y suroeste en el hemisferio norte son más favorables para que se inicie y se disperse un incendio, porque reciben más insolación y, por ende, hay menor contenido de humedad y altas temperaturas para los combustibles. La intensidad de la radiación solar es mayor cuando la ladera es perpendicular al ángulo de incidencia del Sol. Según la época del año, la hora del día y la latitud, el combustible estará más seco. De igual forma, el enfriamiento en las noches, así como la presencia y velocidad de los vientos, pueden empujar el fuego ladera arriba o hacia abajo. Generalmente, esto incrementa la tasa de dispersión del fuego. Además, el relieve influye en el comportamiento inmediato del fuego; por ejemplo, los fondos de barrancos con mucha pendiente y las laderas muy próximas tienen las condiciones adecuadas para una rápida propagación. Para realizar la simulación del comportamiento del fuego, la caracterización de los combustibles y la determinación de su distribución espacial son factores críticos. No obstante, la última representa uno de los retos más difíciles a los que se han enfrentado los científicos dedicados al estudio de los incendios forestales. Según señalaron en 1986 Brown y Bevins, la distribución espacial de los combustibles forestales sigue un patrón preferentemente discontinuo. El tiempo atmosférico El clima, a pesar de que tiene una gran influencia en la conducta del fuego, es incontrolable y difícil de predecir, lo contrario de los casos de los combustibles y la topografía. La temperatura y la dirección y velocidad del viento, son los que modulan el inicio y la propagación del incendio. La radiación solar y la temperatura y velocidad del aire, actúan coordinadamente en el proceso de evaluación de la humedad relativa, la cual decrece rápidamente con el incremento de la radiación solar; esto puede reducir el calor necesario para la ignición y la combustión. Finalmente, la temperatura, la humedad relativa y consecuentemente la conducta del fuego puede cambiar rápidamente con el viento, cobertura de nubes y movimientos de masas de aire. Si se incrementa el viento, crece el aprovisionamiento de oxigeno y aumenta la combustión y la transferencia de calor hacia áreas y combustibles no quemados. Mientras que el tiempo representa una medición en cierto momento de las variables atmosféricas, el clima es una relación estadística de aquél y, para cierto lapso de tiempo, toma los valores de las variables consideradas. En gran medida, el éxito de una predicción del comportamiento del fuego depende de la habilidad y precisión con la que se determine el tiempo atmosférico. Los cambios y efectos del tiempo suelen ser tan abruptos que amerita el registro diario en horas precisas. Durante un año, los cambios en el clima determinan gran parte de la estación de incendio. Los parámetros descritos, además de su importancia para estimar el comportamiento del fuego, permiten planificar las acciones preventivas y, en caso de incendio, organizar acciones eficaces para su extinción. Por ello, se han realizado diversos intentos para sintetizar y sistematizar la información precedente y relacionarla coherentemente por medio de modelos. Los programas que evalúan el comportamiento de los incendios son recopilaciones de ecuaciones matemáticas derivadas de principios físicos básicos o de datos experimentales. La computadora se usa para resolver sistemas de ecuaciones que de otra forma, serían difíciles o tediosas. Los programas más sencillos resuelven ecuaciones simples, mientras los que incluyen modelos más complejos están compuestos de centenares o miles de ecuaciones. Suele distinguirse dos grupos de modelos, los deterministas y los estadísticos. Los primeros están basados en la interpretación física de la propagación del fuego y los mecanismos de expansión de un incendio forestal se representan con fórmulas matemáticas. Los estadísticos establecen correlaciones entre descriptores de los factores obtenidos en fuegos experimentales y en incendios naturales. Éstos, se emplean para la elaboración de mapas de riesgos de incendios. Algunos países desarrollaron sus propios modelos, como los Estados Unidos, Australia y Canadá, basados en fuegos experimentales y en datos de incendios. Las grandes extensiones de matorral en Australia permiten realizar fuegos experimentales de gran extensión y, para ese continente, se han elaborado ecuaciones de predicción para diversos tipos de vegetación. La probabilidad de extinción de acuerdo con la velocidad del viento, la humedad del combustible y la biomasa solamente se ha determinado para algunos tipos de matorrales. Buena parte de estos programas pueden obtenerse gratuitamente en la página de la red http://fire.org. En Europa se han aplicado estos modelos –estadounidense, canadiense y australiano– con éxitos y fracasos; también sus equipos de investigación construyeron sus propios modelos, como el firefoc y feot que son simuladores de desarrollo dentro del proyecto europeo mefisa (Mediterranean Expert Fire Interactive Simulator Aid). Manejo y prevención del fuego El control y uso del fuego demanda múltiples prácticas de instituciones y personal especializado y capacitado en diferentes aspectos. Sin embargo, la causa común es hacer del incendio forestal un manejo del fuego, y que las instituciones compartan las tareas de organizar esas prácticas para que se transformen en programas de manejo del fuego. Por supuesto, una de las estrategias para la prevención de incendios es detectarlos a tiempo. Existen distintos métodos para ello, desde el patrullaje sistemático y el reporte de civiles que cooperan de manera voluntaria, hasta la localización que realizan los pilotos, sea de vuelos comerciales o del servico militar. También se usa el reconocimiento de puntos de calor por medio de sensores remotos. Sin embargo, con base en la información reseñada, lo que se propone es el manejo de los combustibles. Por ejemplo, a través de la reducción de los combustibles disponibles, programas que puede ser generales o específicos para ciertos sitios, también pueden regularse en el tiempo, es decir, ser periódicos o bien aleatorios. Es cierto que los programas de reducción de combustibles dependen de estudios que indiquen los mecanismos y períodos de su acumulación, así como si es producto de la actividad humana o natural. Pero en una época donde la vulnerabilidad y los riegos asociados a estos fenómenos crecen continuamente, un adecuado manejo de los combustibles permitirá reducir, en buena medida, su peligrosidad. |
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| María de Lourdes Villers Ruíz Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México. |
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Referencias bibliográficas
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María de Lourdes Villers Ruíz es investigadora del Departamento de Meteorología General del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la unam, es bióloga de la Facultad de Ciencias, unam. Realizó estudios de Maestría en Biología en la misma Facultad y el Doctorado en Geografía y Ordenamiento: Opción Rural en la Universidad de Paris I en Francia, donde fue Becaria de conacyt. Sus Proyectos de investigación se refieren a: incendios forestales, variabilidad y cambio climático, captura de carbono, uso y manejo de los ecosistemas forestales templados del país.
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como citar este artículo → Villers Ruíz, María de Lourdes. (2006). Incendios forestales. Ciencias 81, enero-marzo, 60-66. [En línea]
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