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Biodiversidad y
conservación: 
paradigma político
y educativo o quimera
 
Silvia López Adrián
   
   
     
                     
Cuando se menciona la biodiversidad hay que resaltar que
de 60% a 70% de la misma se encuentra en doce de catorce países, de los cuales la mitad está en América Latina, y México, tanto por sus recursos naturales como por su diversidad cultural, forma parte de la lista de países catalogados como megadiversos. Ligado al tema de la biodiversidad está el de su conservación; Galindo y Núñez han resaltado mucho el término “crisis biológica” al referirse a la pérdida de la biodiversidad como un fenómeno global, a que sus causas están asociadas a la extrema pobreza, la desigualdad social y la sobreexplotación de los recursos.

Por otro lado, mantener la biodiversidad implica conocer la composición de especies, su estructura, los ecosistemas, las comunidades y poblaciones, pero tanto en América Latina como en México no se conoce aún a profundidad, ni se tiene suficiente información para conservarla. Esto se debe, en parte, al reducido número de profesionales abocados a su estudio y a la falta de acciones regulatorias y normativas para la toma de decisiones en la aplicación de los conceptos de biodiversidad y conservación.

Ante esta situación se hace necesario conocer más a fondo qué se tiene, cómo se puede mantener y evitar que las mismas actividades del hombre incidan en las áreas de conservación y deterioren la riqueza biológica. Para ello se requiere la participación de los diferentes actores, sociedad y autoridades, así como políticas públicas, sobre todo educativas.
 
 
¿Qué se ha hecho y qué falta?
 
En el contexto político, desde 1992 las estrategias en torno a la biodiversidad recaen en la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), creada por decreto presidencial para promover y coordinar acciones orientadas al conocimiento y uso de esta riqueza de México; es un órgano que se aboca a traducir el conocimiento científico básico en información útil para la toma de decisiones en el manejo y conservación del patrimonio del país; la información que obtiene es organizada y analizada con el fin de hacerla accesible a todos los miembros de la sociedad, razón por la cual se ha convertido en un puente entre la academia y el sector gubernamental.

Una de las propuestas del Plan Nacional de desarrollo, en octubre de 2002, fue buscar el equilibrio entre crecimiento y reducción de la pobreza, para lo cual es necesaria la protección de los recursos naturales, particularmente del agua, principios rectores que se mantuvieron después de 2006 en el Plan Nacional de desarrollo 20072012, en donde se propone, como eje de política pública, el incremento en el número de Áreas Naturales Protegidas —aumentando de 127, en 2001, a 158, en 2006.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) fortaleció el monitoreo biológico de algunas especies, lo que permitió dar seguimiento y evaluar periódicamente el estado de las poblaciones de diversas especies de flora y fauna silvestre en dichas áreas. Con tales acciones se consolidó, por primera vez, un proceso de monitoreo basado en un protocolo que ha servido a quienes manejan las áreas para tomar decisiones en la materia.

Así, el programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 20072012 implementó una planeación estratégica basada en seis líneas: 1) protección; 2) restauración; 3) manejo; 4) conocimiento; 5) cultura; y 6) gestión, cuya instrumentación conlleva un proceso de seguimiento y evaluación constante.

Por otro lado, a veinte años de la fundación de la CONABIO, ésta se ha convertido en un referente nacional en temas de diversidad biológica, alcanzando reconocimiento mundial. Las acciones impulsadas en concreto son: la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas y el desarrollo de estrategias subnacionales para la conservación de la diversidad en los estados que, al cierre de 2010, se integraron y se fortalecieron con 62 comités de vigilancia ambiental para la protección.

Sin embargo, en la reunión de 2010 en Nagoya, Japón 
—última conferencia de partes de la Convención sobre Biodiversidad (COP10)—, se llegó a la conclusión de que tales políticas habían fracasado, lo cual se debe a que se invirtió una gran cantidad de recursos económicos en conservar una selecta cantidad de especies, en alto riesgo de extinción, elaborando una lista roja, método cuyo resultado fue poco exitoso en la práctica. Es necesario recordar, como referente, que la última vez que se revisó la NOM059ECOL2001, que trata del estado actual de las especies amenazadas, fue en 2006.

Un problema central en este asunto es el que mencionan Azuz y colaboradores: “hay falta de transversalidad en los programas de desarrollo entre secretarías e incluso dentro de una misma, propiciando se llegue a conflictos debido a la incertidumbre jurídica o a la falta de claridad en las competencias de las diferentes esferas de gobierno, lo cual ha generado un desorden jurídico por falta de una visión integral en la gestión”. Desde esta perspectiva, cabe preguntar: ¿cómo se articula la educación en los planes para frenar la pérdida de biodiversidad y promover su conservación?
 
Educación y biodiversidad
 
La educación mundial se encuentra en constante cambio, en el cual su multiculturalidad y los diferentes actores que intervienen demarcan en cada uno de sus ambientes (educativo, político y tecnológico) las premisas a seguir y adecuación pertinente a cada entidad. Tales cambios responden a las necesidades de una sociedad que requiere abatir sus problemas de desigualdad y pobreza en las respectivas naciones.

De acuerdo con el informe Delors, de 1995, sobre la educación para el siglo xxi, se consideraron en su momento las políticas educativas como un proceso de enriquecimiento de conocimientos, capacidad técnica, una estructuración privilegiada de las personas y las relaciones entre individuos, grupos y naciones.  Se reflexionó sobre la situación de la educación como un elemento constitutivo del desarrollo humano, al que le toca lograr que la humanidad pueda dirigir su desarrollo con base en una participación responsable de todos los miembros de la sociedad.

La educación en cualquier nación, hoy día, no se encuentra solamente en manos de quienes la imparten directamente, sino en todo un consorcio integrado por la sociedad en general, instituciones y autoridades pertenecientes al ámbito político y laboral, incluyendo el campo de la investigación, sobre el que recae la toma de decisiones para su desarrollo acorde con las necesidades de cada sociedad.

Para lograr dicho desarrollo se requiere una organización, vinculación y cooperación de los actores en las competencias de enseñanza e investigación, adaptándolos a las demandas laborales. Las políticas de reestructuración en el contexto de la educación en América Latina se ven afectadas por los desacuerdos entre los que hacen y proponen reformas educativas —las políticas de gobierno—, y los que la aplican.

En 2005 Guzmán aseveró que al hacer las propuestas de reformas, éstas no obedecen a la realidad, primeramente por que no se articulan las políticas gubernamentales con las educativas, lo cual queda solamente en el discurso. El modelo económico actual, con sus conceptos de calidad, equidad y descentralización, reducidos a eficiencia, competitividad, repliegue del Estado y regulación del mercado, es manejado por grupos de poder económico que hacen que las reformas educativas fracasen.

Desde la óptica de Malo, la educación superior en México sigue concentrada en modelos universitarios orientados a la formación de profesionales en función de disciplinas, áreas de conocimiento, centradas en el profesorado, las aulas y organizadas en torno a escuelas y facultades. La velocidad de los cambios y las transformaciones sociales, demográficas, políticas y productivas que han tenido lugar en México, señalan la necesidad de modificar la estructura, los enfoques, los contenidos y los procesos del sistema educativo superior a fin de que en México se adquiera la capacidad para apropiarse de los conocimientos tecnológicos y los conceptos que se requiere para mejorar los niveles de bienestar social, cultural y material de nuestro pueblo.

En el contexto de educación y biodiversidad, desde 2000 la demanda es que los profesionales egresados y los futuros investigadores desempeñen un papel activo en la resolución de la crisis de la biodiversidad, que se comprometan a participar activamente en la búsqueda de soluciones, compartiendo el conocimiento científico con el de la sociedad, incluyendo como una prioridad a los políticos que toman decisiones.

Para elevar la calidad educativa que se espera como resultado de la globalización, los modelos curriculares de cada país en América Latina se basan en una transformación que impacte en el bienestar económico y político. En México se debe por tanto buscar ese punto coyuntural en el que coincidan las políticas educativas con las de los demás ámbitos del gobierno, que ambas estén abocadas a preservar y conservar nuestro patrimonio nacional, la biodiversidad y la diversidad cultural. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado en esta materia, pero las prioridades educativas y políticas enlazadas que se requieren para apoyar tan grande labor se han quedado quizás en el rezago y no están siendo eficaces, con lo cual corremos el riesgo de que todas las intenciones encaminadas hacia ella se quede sólo en una quimera.  
     
Nota
Estas reflexiones tienen su origen en la asignatura Análisis de Políticas Educativas impartida por la Dra. María Guadalupe Sánchez Trujillo, que cursé como parte del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Anáhuac Mayab.
     
Referencias bibliograficas
 
Azuz, Issac, et al. 2011. “Política Nacional para el desarrollo sustentable de los océanos y costas de México: génesis y gestión”, en Región y sociedad, vol. 23, núm. 50, pp. 279-289.
Benítez Díaz, Hesiquio. 2010. “Nagoya 2010: una esperanza para nuestro capital natural”, en Biodiversitas, vol. 92, pp. 6-10.
conabio. 2003. “Aguas continentales y Diversidad Biológica en México: un recuento actual”, en Biodiversitas, núm. 48, pp. 1-15.
Delors, Jacques. 1996. La educación encierra un tesoro. Santillana, unesco, Madrid.
Elbers, Jörg. (ed.). 2011. Las áreas naturales protegidas de América Latina: situación actual y perspectivas para el futuro. uicn, Quito.
Galindo-Leal, Carlos. 2000. “Ciencia de la conservación en América Latina”, en Interciencia, vol. 25, pp. 129-135.
Guzmán, Carolina. 2005. “Reformas educativas en América Latina: un análisis crítico”, en Revista Iberoamericana de la educación, núm. 36/8, pp. 1-12.
Luna, Rocío, Antonio Castañon y Andrea Raz-Guzmán. 2011. “La biodiversidad en México su conservación y las colecciones biológicas”, en Ciencias, núm. 101, pp. 36-43.
Malo, Salvador. 2006. “Educación superior: paradigma en entredicho”, en Este País: Tendencias y Opiniones, núm. 178, pp. 43-49.
Núñez, Irama, Edgar González y Ana Barahona. 2003. “La biodiversidad: historia y contexto de un concepto”, en Interciencia, vol. 28, pp. 387-393.
     
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Silvia López Adrián
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Autónoma de Yucatán.
     
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como citar este artículo
López Adrián, Silvia. (2014). Biodiversidad y conservación: paradigma político y educativo o quimera. Ciencias 111-112, octubre 2013-marzo 2014, 50-53. [En línea]
     

 

 

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