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número 141 
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Laura Saldívar Tanaka      
               
               
Hace aproximadamente veinte años que en México
se utiliza masivamente la telefonía móvil, también conocida como inalámbrica o celular; tecnología que se usa mundialmente en forma exponencial con nuevas generaciones cada tantos años: 1G, de 1970 a 1980, a una velocidad de 2 kbps, con la que funcionaban bípers y celulares analógicos sólo de voz; 2G, de 1990 a 2004, a 64 kbps, cuando lo digital entra en escena, empleando voz y texto (sms); 3G, de 2004 a 2010, sube a 2 Mbps de velocidad, con edge, voz, texto y datos; 4G, que sigue funcionando hasta hoy, a 1 Gbps, usando 700 MHz a 3 GHz, wifi (6 GHz), lte y banda ancha; y 5G, la quinta generación, con una velocidad de más de 1 Gbps, cobertura total, 3 000 frecuencias de microondas asignadas en rangos entre 700 MHz, 3.6 y 26 GHz.

Las tecnologías inalámbricas funcionan gracias a que la información viaja por el espacio aéreo en forma de radio frecuencias. Así, sin poder verlos ni tocarlos, todos los seres vivos estamos expuestos a diario a radiaciones y campos electromagnéticos. La sociedad humana genera tal diversidad y cantidad de dichos campos y frecuencias que su presencia a modo de contaminante se reconoce como “contaminación electromagnética”. Existen cuatro tipos de campos electromagnéticos y radiofrecuencias no ionizantes: 1) campos magnéticos y eléctricos de extrema baja frecuencia, emitidos por aparatos eléctricos y líneas de electricidad; 2) campos electromagnéticos intermedios de frecuencias bajas y muy bajas, emitidos por pantallas, sistemas de seguridad y otros aparatos eléctricos; 3) radiofrecuencias emitidas principalmente por teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos (wifi y bluetooth), hornos de microondas, medidores digitales de electricidad, torres y antenas de telefonía celular, y de trasmisión de radio y televisión; y 4) electricidad sucia o corriente parásita que es emitida por las instalaciones eléctricas a manera de fuga.

A estas formas de contaminación electromagnética se les puede sumar la energía estática que se genera de la fricción. En suma, alcanzan valores muy altos, mucho mayores a los que existían en forma natural antes del despliegue de la telefonía celular, las telecomunicaciones o incluso la electrificación a finales del siglo xix (figura 1).

En 2017 la maestra Mercedes Cabañas, del Instituto Politécnico Nacional, refería que existe una gran diferencia entre los campos electromagnéticos (cem) de origen natural y los antropogénicos; los primeros tienen una intensidad de campo magnético de entre 30 y 70 microteslas (µT) o bien una densidad de potencia de entre 0.0000005 – 0.00005 de µW/cm2 en promedio. Sin embargo, el límite permitido por la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (icnirp, por sus siglas en inglés) para campos electromagnéticos artificiales es de 1 000 µW/cm2, sobrepasando por mucho los valores con los que la vida ha evolucionado en la Tierra (ver figura 2).

Por su parte, en 2018 los científicos Priyanka Bandara y David Carpenter mostraban que, dado el crecimiento exponencial de las tecnologías inalámbricas, los niveles de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia alrededor de la banda de 1 GHz han aumentado de niveles naturales extremadamente bajos a niveles de 18 potencias mayores, como se aprecia en la figura 2 de su autoría.

Desde la perspectiva de la física, los campos electromagnéticos y las radiofrecuencias no ionizantes, no tienen suficiente energía para separar los electrones de su órbita. No obstante, desde el punto de vista fisiológico pueden penetrar los tejidos de seres vivos a distintas profundidades dependiendo de las frecuencias, potencia, densidad de los tejidos en cuestión y otros parámetros, lo cual los vuelve potencialmente peligrosos. Todo ser humano, excepto quizás aquel que vive en lugares muy remotos y aislados, está expuesto cotidianamente a la radiación electromagnética no ionizante de origen antropogénico que interactúa con otros tipos de contaminantes químicos —agroquímicos, fármacos—, biológicos, sonoros, visuales, entre otros; de forma aditiva, sinérgica, potenciadora o antagónica.

Frank Clegg, ex presidente de Microsoft Canadá, señala que este tipo de transmisión de señales así como sus tecnologías fueron diseñadas para ser convenientes y costo-efectivas, de modo que se adoptaron masivamente sin que existieran suficientes estudios confiables sobre sus posibles efectos en la salud humana y el ambiente. Mucho menos se evaluaron las implicaciones sociales, culturales y éticas que el uso de estas tecnologías pueden tener, dejando en manos de los sectores de telecomunicaciones y comercial las decisiones técnicas para su adopción. Lo que sí se tenía claro eran las ganancias económicas que obtendrían.

Ante ello, miles de personas, científicos e investigadores, muchos de ellos expertos en salud, toxicología y fisiología, ciudadanos, ambientalistas y consumidores han expresado su preocupación por el despliegue sin control de estas tecnologías que emiten radiaciones de radiofrecuencia. Entre 2000 y 2022 se han registrado 109 peticiones y pronunciamientos. A partir de1998 se han celebrado reuniones de expertos para discutir acerca de sus posibles efectos biológicos, de entonces data la Vienna EMF-Resolution.

El consenso de la mayoría es que: 1) los resultados de estudios in vitro e in vivo y algunos epidemiológicos demuestran que los campos electromagnéticos, incluidas las radiaciones de radiofrecuencia, provocan efectos fisiológicos y ciertos son dañinos para la salud; 2) los límites establecidos por la icnirp en 1998 y revisados en 2020 no son seguros, en especial para los infantes, las mujeres embarazadas y ciertas poblaciones vulnerables; 3) la evidencia científica disponible es suficiente para justificar la implementación de medidas preventivas basadas en el principio de precaución; y 4) existen muchas lagunas de conocimiento e ignorancia, por lo que es necesario llevar a cabo más investigación asegurando que ésta sea independiente.

Evidencia de daños a la salud

La telefonía celular se ha publicitado, autorizado y vendido como inocua para la salud humana. Sin embargo, un número considerable de estudios muestra que no es inofensiva y que la radiación electromagnética no ionizante de los dispositivos móviles puede tener efectos cancerígenos, genotóxicos, mutagénicos, teratogénicos, neurodegenerativos entre otros, al alterar mecanismos fisiológicos y metabólicos vitales de tal forma que puede modificar estructuras celulares como el adn, membranas, mitocondrias y cloroplastos.

En 2011 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (iarc, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (oms) puso en la categoría 2B: “posible cancerígeno humano” a las radiaciones de los teléfonos móviles y otros aparatos que emiten radiaciones electromagnéticas no ionizantes similares. Asimismo, sugirió realizar más estudios y tomar medidas para reducir la exposición a dichas radiaciones. En aquella ocasión la evidencia disponible fue principalmente resultado de estudios europeos –el de Reflex (2000-2004) e Interphone (2010), entre otros–, e informes como Stewart (2000) del Reino Unido y BioIniciative (2007) en su primera edición.

Ese mismo año, el director ejecutivo de la Agencia Ambiental Europea (eea, por sus siglas en inglés) señalaba que bajo las sospechas de que los teléfonos móviles causan cáncer y para proteger la salud pública, en particular la de la infancia, era necesario tomar acciones siguiendo el principio de precaución. Sin embargo, a pesar de la nueva y numerosa evidencia científica y las recomendaciones, la oms no realizó más estudios ni actualizaciones. Por ejemplo, las investigaciones publicadas en 2018 de entidades especializadas, como el National Toxicology Program de Estados Unidos y el Instituto Ramazzini de Italia, encontraron que las radiaciones de radiofrecuencia tienen efectos térmicos y cancerígenos en ratas y ratones. Con esta nueva información, expertos en salud, toxicología ambiental, biología y biofísica consideran que las radiaciones de radiofrecuancia (rrf) de los teléfonos celulares deberían de estar no sólo en la categoría 1: “cancerígeno humano” de la iarc, sino en las listas de otros precursores de enfermedades. Cabe citar lo que la iarc escribió en 2022 respecto de la categoría 1: “esta categoría se utiliza cuando existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en humanos. Excepcionalmente, un agente puede incluirse en esta categoría cuando las pruebas de carcinogenicidad en humanos no son suficientes, pero existe un cúmulo de pruebas de carcinogenicidad en animales de experimentación y pruebas sólidas en humanos expuestos de que el agente actúa a través de un mecanismo relevante de carcinogenicidad”.

Once años después de la primera clasificación, el grupo asesor de la iarc recomendó etiquetar a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes como “alta prioridad” en el trabajo de revisión de agentes cancerígenos, en particular, en cuanto a riesgos de cáncer en las frecuencias entre 700–2200 MHz.

Aspectos nocivos de estas radiaciones pueden incluir: efectos en fetos y neonatos; en infantes autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y asma; en adultos desarrollo de tumores cerebrales, en próstata, recto y senos; daños al sistema linfático e inmunológico; alteración del metabolismo, del ritmo cardiaco y enfermedades cardiovasculares; alteraciones en el desarrollo de células madre, daños al adn, genético; problemas reproductivos como alteraciones en la función y calidad de los espermatozoides y abortos involuntarios; obesidad, diabetes y alergias; daños neurológicos y al sistema límbico del cerebro y otras enfermedades relacionadas con los neurotransmisores como déficits de aprendizaje y memoria, deterioro cognitivo a manera de Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Lou Gehrig. Eventualmente hay individuos que desarrollan hipersensibilidad electromagnética (hse) también llamada Síndrome de microondas. La hse es una afección multisistémica caracterizada por síntomas físicos como cefaleas, trastornos del sueño, mareos, palpitaciones, erupciones cutáneas y múltiples alteraciones sensoriales. En las bases de datos de BioIniciative y Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association se documentan varios de estos padecimientos.

Las afectaciones varían dependiendo de la potencia, tipo de frecuencia, el tiempo de exposición y la distancia del emisor, pero en términos generales se sabe que fomentan la producción de radicales libres y por lo tanto estrés oxidativo con efectos a nivel celular. Asimismo, si consideramos que el adn funciona como una antena, dicha radiación estaría afectando la capacidad de recibir y retransmitir señales biológicas, aspecto ampliamente señalado por Martin Pall y otros investigadores. Igualmente, otros metaanálisis muestran cada vez más efectos negativos en otros seres vivos, entre ellos plantas, animales de laboratorio y vida silvestre. 

Preocupación por los infantes

Mucho se ha dicho sobre el riesgo potencial para la salud de infantes; es el caso del Comité Nacional Ruso para la Protección de Radiaciones No Ionizantes, que en su llamamiento de 2008 señalaba que: 1) la absorción de la energía electromagnética en la cabeza de un niño es bastante más elevada que en la cabeza de un adulto (el cerebro de los niños tiene la conductividad más alta, es de tamaño menor, los huesos del cráneo son delgados, existe una menor distancia a la antena del aparato, etc.) esto se mide en tasa de absorción especifica (sar, por sus siglas en inglés); 2) el organismo de un infante es más sensible frente a los campos electromagnéticos que el de un adulto; 3) el cerebro de los niños tiene mayor sensibilidad frente a la acumulación de los efectos adversos en las condiciones de exposición crónica a los campos electromagnéticos; 4) dichos campos afectan a la formación del proceso de la actividad nerviosa superior; y 5) hoy, en general, los niños dedican un tiempo mayor al uso de los teléfonos móviles que los adultos.

Como consecuencia, el comité pronosticaba los siguientes problemas de salud en niños usuarios de teléfono móvil: “trastorno de la memoria, disminución en la atención, el aprendizaje y las capacidades cognitivas, aumento de la irritabilidad, alteraciones del sueño, aumento de la sensibilidad al estrés, aumento de la predisposición epiléptica”.

En 2017 cuatro asociaciones médicas y el Comité Nacional de Chipre sobre Medio Ambiente y Salud Infantil firmaron la Declaración de Nicosia sobre campos electromagnéticos de radiofrecuencias en la que declaraban: “tanto fetos como niños tienen sistemas biológicos sensibles que controlan el desarrollo de la vida humana. La exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias en una etapa temprana de desarrollo es motivo de especial preocupación. En esta fase, el cuerpo absorbe más radiación, puede afectar el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso y el sistema reproductivo. Por ejemplo, puede inducir cáncer, efectos cognitivos, etcétera”.

Gandhi y colegas resaltan que en el caso de los niños el riesgo puede acentuarse debido a un efecto acumulativo por el uso prolongado a lo largo de la vida. Las células en desarrollo e inmaduras, señala Hardell, también pueden ser más sensibles a la exposición a la radiación de radiofrecuencias. Por su parte, Fernandéz y colegas observaron en modelos de simulación que los infantes experimentan dosis dos o tres veces mayores que los adultos.

No obstante estos datos, dichas tecnologías se instalan, utilizan y expanden por el planeta y el espacio aéreo siguiendo las recomendaciones de la icnirp así como las evaluaciones y opiniones de agencias oficiales como la oms, la Swedish Radiation Safety Authority (ssm) y el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (ccrseri) de la Comisión Europea.

Posturas y conflictos de interés

En la discusión en torno a los posibles efectos de estas radiaciones en la salud participan principalmente tres grupos o partes interesadas: 1) el grupo de las voces de alerta, antes mencionado, representado en manifiestos como la 5G Appeal: “numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los cem [campos electromagnéticos] afectan a los organismos vivos a niveles muy inferiores a las directrices internacionales y nacionales […]. Los daños van mucho más allá de la especie humana, ya que hay evidencia creciente de efectos nocivos tanto para los animales como para las plantas”; 2) otro grupo mucho más poderoso e interesado en mostrar que no hay riesgos ni daños, que representa al sector militar y al de las telecomunicaciones, con organizaciones como la Electric Power Research Institute (epri), el Institute of Electrical and Electronics Engineers y su comité de estándares, el International Committee on Electromagnetic Safety, Forschungsgemeinschaft Funk e.V. (fgf), Mobile Manufacturers Forum (mmf) y la Global System for Mobile Communications Association (gsma). Esta última afirma: “Las agencias de salud pública y los grupos de expertos concluyen sistemáticamente que las directrices protegen a todas las personas (incluidos los niños) contra todos los riesgos para la salud establecidos”; y 3) un grupo de organizaciones oficiales nacionales, regionales e internacionales, con un rol técnico, científico o político, entre las que se incluyen la oms, el ccrseri de la Comisión Europea; el Advisory Group on Non-Ionizing Radiation del Reino Unido, la ssm, la Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du travail francesa, y otras como el icnirp. La postura de este grupo se expresa en la siguiente frase de Emilie van Deventer del programa de radiación de la oms: “hasta la fecha y tras muchas investigaciones realizadas, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud por la exposición a las tecnologías inalámbricas. Siempre que la exposición global se mantenga por debajo de las directrices internacionales, no se prevén consecuencias para la salud pública”. 

Respecto de las relaciones entre miembros de los dos últimos grupos y sus prácticas se sabe que existe conflicto de interés; así, la oms ha recibido financiamiento de epri, fgf, gsma/mmf y Motorola. Se practican las “puertas giratorias”, varios de los miembros del último grupo han trabajado en la industria y entre agencias, lo que ha creado un círculo de individuos que monopoliza los comités de evaluación, reforzando así el paradigma de la inocuidad. Entre la representación del tercer grupo escasean científicos críticos ante la postura del icnirp, y pocos tienen formación en medicina, biología o epidemiología. Sin embargo, tienen una estrecha relación con las agencias e industrias del sector eléctrico y de comunicaciones.

En resumen, las instancias oficiales y las empresas han logrado ganar tiempo a favor del despliegue de la comunicación inalámbrica al afirmar la inocuidad de las radiaciones de radiofrecuencias, cuestionar la veracidad y confiabilidad de investigaciones independientes cuyos resultados demuestran daños, boicotear a investigadores, crear cortinas de humo y fabricar dudas al citar resultados de investigaciones a modo. Asimismo, han logrado que la discusión no sea de tipo científica, sino un asunto de carácter político y económico, donde los tomadores de decisiones están fuertemente influenciados por una industria que tiene un inmenso poder económico. Recordemos que grandes cantidades de los ingresos de los gobiernos se obtienen de las concesiones de las bandas del espectro electromagnético y que existe presión (cabildeo) de las empresas para que la regulación que se elabore no limite su desarrollo.

El ICNIRP, actor principal en toda la discusión, es una organización privada fundada en 1992 por la International Radiation Protection Association con 14 miembros autoelegidos; muchos han trabajado con y para la industria de las telecomunicaciones o han sido miembros de algunas de las instancias reguladoras, como se muestra en la red de actores elaborada por Investigate Europe (figura 3).

Sobre los criterios adoptados para la regulación, un exmiembro del icnirp opina: “estos límites se conciben en gran medida para restringir el calentamiento a corto plazo por la radiación de radiofrecuencia que eleva la temperatura de los tejidos. Desestiman las decisiones de organizaciones científicas como la iarc. Además, los límites se basan en información obsoleta, eluden datos importantes sobre animales, y más aún en el caso de la radiación de ondas milimétricas de las comunicaciones móviles 5G, para la que hay una escasez de estudios de efectos sobre la salud en la literatura publicada. Son erróneos y no son aplicables a la exposición a largo plazo a niveles bajos. En lugar de avances científicos, se basan en suposiciones erróneas con métricas de exposición obsoletas que no protegen adecuadamente a los niños, los trabajadores y el público de la exposición a la radiación de radiofrecuencia ni a personas con sensibilidad a la radiación electromagnética de los dispositivos y sistemas inalámbricos. Así pues, muchos de los límites recomendados son discutibles y carecen de justificación científica desde el punto de vista de la seguridad y la protección de la salud pública”.

En muchos países, excepto varios del Este, se reconocen y adoptan las guías de la icnirp. En un mundo cada vez más globalizado es normal que se confíe más en las organizaciones internacionales para establecer estándares. Al ser la icnirp una organización totalmente respaldada por la oms, es también lógico que las agencias reguladoras confíen y adopten sus estándares, sobre todo las de países que no tienen los recursos para llevar a cabo sus propios estudios, sin importar si los estándares están elaborados por expertos en áreas no necesariamente relevantes para la salud humana y ambiental. Por otro lado, la tendencia es que se adopten estándares internacionales como una medida de armonizar y facilitar cuestiones técnicas y comerciales. No obstante, la responsabilidad en caso de que se probara que existen daños a la salud como consecuencia de permitir los límites definidos por el icnirp sería de los gobiernos, aunque la icnirp estipule que debe haber un cumplimiento estricto de sus directrices.

Por ejemplo, en México, la Cofepris señala que al no existir una normatividad nacional que especifique los límites máximos permisibles de radiofrecuencias a los que puede estar expuesta la población y no tener un efecto en su salud se recomienda utilizar los límites establecidos por la oms, es decir la icnirp. Así en México, los límites de exposición para el rango de 1 800MHz (4G), son de 30 minutos a una densidad de potencia de 1 000 µW/cm2, mientras que en varios países europeos son de 10µW/cm2 y hasta 3 horas de exposición, ya que el Parlamento Europeo recomienda una densidad máxima de 0.01 µW/cm2 para un uso prolongado.

Es preocupante que agencias cuya función es proteger a la población humana y el ambiente reconozcan unas guías técnicas elaboradas por un grupo predominante de físicos, técnicos, ingenieros eléctricos y en telecomunicaciones; sin suficiente representación de expertos en áreas de la salud, ni procedentes de países del Oriente Medio, Rusia, China e India, donde se han realizado investigaciones muy relevantes sobre los efectos de las radiaciones de radiofrecuencias. Habría que reconsiderar la confiabilidad de la icnirp, después de leer las conclusiones de Buchner y Rivas: “la icnirp es una organización cerrada, que no rinde cuentas y unilateral […] un círculo cerrado de científicos con ideas afines ha convertido a la icnirp en un club científico autocomplaciente, con falta de conocimientos biomédicos, así como de conocimientos científicos sobre evaluación de riesgos y filosofías de gestión de riesgos (similares a las utilizadas para las radiaciones ionizantes y para las sustancias químicas), lo que podría conducir a una ‘visión de túnel’ [...] Para un asesoramiento científico realmente independiente no podemos confiar en la icnirp. La Comisión Europea y los gobiernos nacionales de países como Alemania, deberían dejar de financiar a la icnirp. Ya es hora de que la Comisión Europea cree un nuevo consejo consultivo sobre radiaciones no ionizantes, público y totalmente independiente”.

Necesidad de adoptar el principio de precaución

El principio de precaución constituye un recurso legal al cual se acude cuando hay indicios y sospechas de que un producto, proceso o tecnología pueda causar daños graves o irreversibles a la salud humana y ambiental, esto sin que necesariamente se tenga la evidencia científica probatoria. Es decir, aunque los datos científicos sean insuficientes, no concluyentes o inciertos, esto no justifica la inacción. Dice Sarah J. Starkey: “la salud pública y el bienestar de otras especies del mundo natural no pueden protegerse cuando se encubren las pruebas del daño, por inconvenientes que sean”.

Cabe señalar que la “falta de evidencia de daño” no significa ausencia de daños presentes o futuros o que el producto, técnica o tecnología sea inocua. Generalmente, la incertidumbre e ignorancia responden a la falta de estudios, a la omisión de daños o a que los efectos se verán en el futuro. Si bien existen estudios in vitro o in vivo con animales, pocos han sido los estudios epidemiológicos, lo cual dificulta tener un consenso científico sobre sus efectos, la información sigue siendo insuficiente, inconclusa e incierta. Este aspecto es preocupante si se consideran los miles de millones de dólares que se invierten en el desarrollo y despliegue de estas tecnologías.

Para hablar de riesgos emergentes revisemos qué opina la aseguradora SwissRe, que en su reporte de 2013 SONAR emerging risk insights clasificó a los campos electromagnéticos de alto riesgo al determinar que: “la ubicuidad de los campos electromagnéticos suscita preocupación por sus posibles implicaciones para la salud humana, en particular por el uso de teléfonos móviles, líneas eléctricas o antenas de radiodifusión. En la última década, la difusión de dispositivos inalámbricos se ha acelerado enormemente. La convergencia de los teléfonos móviles con la tecnología informática ha dado lugar a la proliferación de tecnologías nuevas y emergentes. Este desarrollo ha aumentado la exposición a los campos electromagnéticos, cuyos efectos sobre la salud siguen siendo desconocidos”.

Respecto a la tecnología en cuestión, McCredden y colegas señalaban: “las ondas milimétricas se limitaban a radares policiales y militares, armas no letales para la dispersión de multitudes y escáneres aeroportuarios que las autoridades no consideran peligrosos debido a los breves tiempos de exposición de uso. Sin embargo, los sistemas de telecomunicaciones actuales emiten constantemente (24/7). Los efectos a largo plazo sobre la salud humana de las ondas milimétricas emitidas en pulsos no se han estudiado lo suficiente, por lo que las revisiones recientes no han podido extraer conclusiones sólidas o han afirmado que no hay pruebas confirmadas y que hay pocas pruebas consistentes”.

Para la Comisión de las Comunidades Europeas la decisión de tomar medidas precautorias va a depender del nivel de protección elegido. Asimismo, David Gee experto en el principio de precaución, señala que hay una serie de elementos que justifican el tomar medidas precautorias en cuanto a las radiaciones de radiofrecuencia, estos son: importante desacuerdo en la comunidad científica sobre si el uso de teléfonos móviles aumenta el riesgo de cáncer y otras enfermedades; falta de transparencia sobre los paradigmas, suposiciones, juicios y valores utilizados en la ciencia académica y en sus evaluaciones de las pruebas científicas en la ciencia reguladora; incapacidad de los científicos y los responsables políticos para apreciar las realidades complejas y variables, la multicausalidad y la probabilidad de resultados científicos incoherentes; incapacidad para aceptar el conocimiento de otras disciplinas y epistemologías relevantes; incapacidad de los responsables políticos para comprender la diferencia entre la contundencia de las pruebas necesarias para establecer un conocimiento científico firme y la solidez de las pruebas apropiadas para cada caso específico necesarias para justificar una acción preventiva oportuna.

No obstante, para evitar la parálisis por análisis, si se quiere proteger a las poblaciones vulnerables, con la información existente sería suficiente para implementar medidas precautorias, incluso quizás moratorias respecto al uso e implementación de ciertas tecnologías que emiten en estas frecuencias y en las frecuencias de la 5G cuyos efectos sobre la salud han sido poco estudiados. De lo contrario, el riesgo es que en un futuro vivamos las consecuencias negativas como ha sucedido con el cigarro, el asbesto, el dicloro difenil tricloroetano, el glifosato o el cambio climático. Suponiendo que estas radiaciones son más dañinas de lo que creemos, seguramente no lo sabremos hasta que comiencen a hacerse estudios que prueben la causalidad o hasta que tengamos un problema de salud pública. De ser así, los costos serán tan altos que quizá por eso las grandes compañías aseguradoras, como SwissRe, no indemnizan a las compañías de telecomunicaciones por daños ocasionados por estas radiaciones. Es decir, si hay una demanda individual o colectiva, no hay aseguradora que la cubra, lo cual deberían de hacer público sus inversionistas.

En casos como éste es recomendable utilizar el principio de precaución para orientar las decisiones políticas. Una forma precavida de actuar sería adoptar medidas que protejan al menos la salud de los infantes, las mujeres embarazadas, las poblaciones más vulnerables, hse y otras formas de vida como los polinizadores, antes de que existan daños irreversibles o el costo de repararlos sea insostenible para la sociedad.

Algunas acciones que se deberían de llevar a cabo son: a) mandatar y asegurar el aumento de presupuesto para realizar estudios de toxicidad y efectos a la salud del despliegue y uso de estas tecnologías; b) transferir la carga de la prueba a las empresas, verificando que los estudios realizados sean adecuados y calificados; c) prohibir la instalación de wifi en centros de educación para menores de 12 años y ciertos centros de salud. Volver al sistema cableado; d) estudiar y promover el uso de tecnologías seguras; e) parar la instalación de mayor infraestructura y tecnología inalámbrica hasta que no se tenga evidencia contundente de su inocuidad; f) hacer obligatorio que las empresas informen de forma clara sobre los posibles riesgos a la salud (etiquetado); g) asegurar que la población esté informada, por parte de las autoridades y las empresas, de los posibles daños a la salud del uso prolongado de las tecnologías que emiten radiación de radiofrecuencia y proporcionar recomendaciones para reducir la exposición; h) asegurar que el personal médico, en particular pediatras y obstetras, estén formados sobre los daños de la exposición a radiación electromagnética no ionizante y el síndrome de hse; i) revisar, utilizando criterios biológicos, fisiológicos y toxicológicos, los límites máximos para los potenciales de densidad de las radiaciones de radiofrecuencia y las tasas de absorción específica, considerando tiempos de exposición reales y las diferentes poblaciones usuarias; j) investigar con enfoque multidisciplinario los impactos éticos, sociales y ambientales de las tecnologías inalámbricas existentes y futuras (5G y 6G); k) garantizar que las personas con hse tengan accesos a lugares libres de radiaciones electromagnéticas no ionizantes y que sus derechos humanos se protejan; y l) garantizar una participación democrática en la toma de decisiones, es decir, asegurar que actores interesados y afectados participen sin conflicto de interés (personas con hse, consumidores, representantes del sector ambiental, etc.). Promover una gobernanza de estas tecnologías.

Asimismo, se debería explorar la aplicación de otros principios como “el que contamina paga” o la “responsabilidad extendida del productor”.

¿Cómo protegernos?

Algunos gobiernos están tomando acciones para proteger al menos a ciertas poblaciones de los efectos negativos de estas radiaciones. En Francia, en 2010 se aprobó una ley que prohíbe los anuncios de celulares para las infancias; restringe su uso a los infantes; obliga que los celulares se vendan con audífonos alámbricos; exige el etiquetado de valores de tasas de absorción; y exige anuncios de precaución a todos los usuarios para reducir las radiofrecuencias directas y al cerebro. En 2015 la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley nacional para reducir la exposición a los campos electromagnéticos de radiación inalámbrica, estableciendo entre otras cosas la prohibición de wifi en las escuelas infantiles, la creación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencia y la obligación de publicar la ubicación de los enrutadores inalámbricos en lugares públicos.

En 2017 el gobierno de Chipre prohibió el wifi en los jardines de niños y detuvo el despliegue de wifi en las escuelas primarias. Además, el Comité Nacional de Medio Ambiente y Salud Infantil de Chipre inició una campaña a nivel nacional para crear conciencia sobre la exposición de los niños a los teléfonos celulares y la radiación inalámbrica. Israel, Bélgica y Canadá cuentan con leyes similares; Canadá sostuvo en junio de 2015 “que la radiación de microondas constituye un problema de salud pública serio”.

En julio de 2020, el Ministerio de Salud de Rusia publicó recomendaciones para prohibir el uso de wifi en las escuelas y los teléfonos celulares en las escuelas primarias.

Para que las autoridades de salud y ambientales cumplan el papel de garantizar ambientes sanos para todos, es necesario que revisen y adopten guías más conservadoras y protectoras como las International Guidelines on Non-ionising Radiation (ignir, 2021), elaborada por un equipo multidisciplinario independiente que se basó en las guías Europaem emf de 2016. Su comité directivo está formado por médicos, científicos, topógrafos, ingenieros y representantes de grupos vulnerables. 

Aunado a las medidas de política pública, hay una serie de acciones personales y de nuestro entorno cercano que se recomienda realizar, como la reducción personal del uso de celular; eliminar las radiaciones de wifi en casa volviendo al uso del cable de ethernet, apagar el módem de noche y evitar usar dispositivos con bluetooth.

En México tenemos una disposición técnica (ift-007-2019) elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2020. Sin embargo, es técnica y se basa en los estándares del icnirp. Durante su revisión no hubo participación real de especialistas del sector salud o ambiental.

En resumen, queremos hacer notar que desde hace años las empresas de comunicación inalámbrica, con el aval de gobiernos, han instalado antenas y replicadoras de radiación electromagnética no ionizante en lugares públicos, llenando el espacio aéreo con estas formas de contaminación. Asimismo, nos han convencido de instalar replicadores de wifi (módems) en nuestras casas, lugares de trabajo y espacios públicos, así como de portar y usar de forma personal celulares sin informar debidamente de los daños que las radiaciones pueden tener sobre nuestra salud, según ellos porque no hay evidencia de sus riesgos.

Parece que al igual que ha ocurrido con otras tecnologías invisibles a simple vista (como los organismos genéticamente modificados y la nanotecnología), los tomadores de decisiones han tenido un entendimiento limitado del funcionamiento y de los riesgos a la salud socioambiental asociados a ellas. Al mismo tiempo prefieren basar sus decisiones en las recomendaciones de técnicos expertos, en lugar de escuchar los llamados de científicos representantes de áreas de la salud humana y ambiental, y las ingenierías que han probado que los campos electromagnéticos y las radiaciones de radiofrecuencia tienen efectos adversos para los seres vivos. 

Por tanto, hacemos un llamado para aplicar el principio de precaución, ya que las autoridades mexicanas deberían actuar para proteger a los ciudadanos y el ambiente. Para las frecuencias ya existentes como la 4G, se deben llevar a cabo estudios de su impacto en la salud socioambiental, y para las frecuencias 5G establecer una moratoria en su despliegue hasta que exista información suficiente para tomar decisiones informadas y consensuadas escuchando también la opinión de científicos y médicos “disidentes”, ciudadanos, representantes del sector ambiental y consumidores, en tal manera que se dé un proceso de legítima gobernanza de dichas tecnologías y las radiaciones electromagnéticas no ionizantes asociadas a ellas: “hay dos grandes víctimas en este debate polarizado: la verdad y la salud pública. Ambas son demasiado importantes para no protegerlas con todo lo que tenemos”.
     
       
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En la red

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Laura Saldívar Tanaka
Posdoctorante,
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
 
Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales-COLMEX. Maestra en Manejo de Recursos Naturales-Cornell y Licenciada en Biología-Facultad de Ciencias de la UNAM. Diplomada en: Agroecología y Formador de formadores en desarrollo humano-ECOSUR y Estudios de género-PUEG/UNAM. Especializada en política pública ambiental y regulación de riesgos tecnológicos, en particular en nanotecnología, tecnologías inalámbricas y plásticos. Actualmente es posdoctorante en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
     

     
       

 

 

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