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La violencia en México
por la guerra contra las drogas |
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Las Comisiones The Lancet
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La fatídica decisión tomada por el gobierno de Felipe
Calderón en México, en 2006, de emplear a los militares en áreas civiles a fin de combatir a los narcotraficantes, desembocó en una epidemia de violencia en muchas partes del país que, además, se extendió hacia América Central. El incremento de los homicidios en México desde 2006 no tiene precedente en un país que no se encuentra formalmente en guerra; y ha sido tan grande en algunas partes del país, que ha contribuido a la reducción de la expectativa de vida del país. Otros análisis muestran que en el periodo que va de 2008 a 2010, en el estado de Chihuahua —uno de los estados más seriamente afectados por la violencia por drogas— disminuyó en cinco años la expectativa de vida de los hombres. En julio de 2015 el gobierno mexicano reportó que, de 2007 a 2014, hubieron 163 345 homicidios en el país, con un crecimiento sustancial después de 2006. La figura 1 muestra un análisis de punto de inflexión efectuado por esta Comisión con datos gubernamentales. En ella se observa que el incremento en los homicidios después de 2006 es altamente significativo y notable, especialmente después de una baja constante en la tasa de homicidios a lo largo de varios años. Ningún otro país de América Latina —y muy pocos en el mundo— ha tenido un incremento tan rápido en la mortalidad en tan corto tiempo.
No todo este aumento en los homicidios se puede atribuir a la violencia ligada a las drogas, pero gran parte sí. Una estimación indica que las muertes relacionadas con la guerra a las drogas hizo crecer la tasa nacional de homicidios hasta 11 personas por cada 10 000 habitantes, lo que resulta en una tasa de más de 80 personas por cada 10 000 habitantes en las localidades más afectadas. 11 personas por cada 10 000 habitantes es 2.5 veces la tasa total de homicidios que tuvo los Estados Unidos en 2014. Otros observadores sugieren que la contribución de la guerra contra las drogas es fácilmente cuantificable debido a que los homicidios perpetrados por los grupos criminales ligados a las drogas tienen rasgos tangibles como el uso de ciertas armas, la tortura, la decapitación y otras formas de desmembramiento, la ejecución en grupo y los entierros en fosas clandestinas. A pesar de que los homicidios han disminuido un poco desde 2012, varios autores estiman que los homicidios perpetrados por el crimen organizado siguieron incrementando hasta 2014.
La violencia relacionada con las drogas en México no se limita a los asesinatos y otros incidentes de armas en la calle. Esta Comisión notó que existe una violencia ejercida por sectores del Estado en el trato a las personas encarceladas por crímenes relacionados con drogas. Nosotros hicimos análisis con una muestra al azar de gente que estuvo en prisión por crímenes de droga (n=479) en México de 2002 a 2012 —esto es, antes y después de la campaña militar contra las drogas— en ocho presidios federales. Cerca de la mitad de los detenidos (n=241) reportaron haber sido golpeados o torturados en algún momento de su encarcelamiento. Para estos 241 detenidos, sufrir un acto de tortura era 1.57 veces más probable después de la guerra contra las drogas que antes (p=0.0001). Ser interrogado por militares en prisión era también más probable después de que los militares fueron involucrados en la guerra contra las drogas (p<0.0001). Los interrogatorios efectuados por los militares, a su vez, fueron significativamente asociados con reportes de tortura o abusos.
Mediante análisis multivariantes que incluyen sexo, número de veces interrogado y localidad geográfica, las personas detenidas después de 2006 tenían 3.63 más de probabilidades de ser interrogadas por militares mientras se encontraban detenidas que aquellos detenidos antes de 2006 (p<0.0001). Como lo ha señalado Madrazo, una consecuencia negativa de la guerra contra la drogas en México es que el Gobierno se ha otorgado poderes especiales que minan principios fundamentales de la Constitución del país y de sus responsabilidades en la preservación de los derechos humanos. Los costos, incluyendo los de salud, por la violencia hacia los ciudadanos son vastos y profundos. El estilo de ejecución de los asesinatos pretende aterrorizar a la población. Vivir bajo el terror de la extrema violencia constituye una disrupción en el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, de educación y la participación cívica. La penetración de las organizaciones de narcotraficantes en todos los ámbitos de la sociedad en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones y los servicios locales hasta los equipos de futbol y otras formas de entretenimiento.
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Referencias bibliográficas
Canudas Romo, Vladimir, Víctor M. García Guerrero y Carlos J. Echarri-Cánovas. 2015. “The stagnation of the Mexican male life expectancy in the first decade of the 21st century: the impact of homicides and diabetes mellitus”, en Journal Epidemiol Community Healt, núm. 69, pp. 28–34.
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Nota Este texto forma parte del reporte “Public health and international drug policy”, publicado en The Lancet en línea el 24 de marzo de 2016. |
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Las Comisiones The Lancet Los nombres de los integrantes de las comisiones se pueden ver en los créditos del artículo "La salud pública y la política internacional sobre drogas", Ciencias núm. 122-123. Traducción César Carrillo Trueba |
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cómo citar este artículo →
Las Comisiones The Lancet. (Traducción César Carrillo Trueba). 2017. La violencia en México por la guerra contra las drogas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 128-133. [En línea].
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